La Fiscalía Anticorrupción se opone a que la Audiencia Nacional investigue penalmente en España a las agencias de medición de riesgos, dado que no ve indicios de que hayan cometido delitos contra el mercado y los consumidores al rebajar en varias ocasiones desde 2009 la calificación de la deuda española.

En un informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Anticorrupción rechaza que la decisión tomada inicialmente por Standard & Poor's y replicada por Moody's y Fitch "se basara en datos falsos", al tiempo que considera que "tampoco parece absurda, infundada ni contradictoria con la opinión generalizada de las más reputadas organizaciones económicas mundiales".

El Ministerio Público se niega así a que el juez Pablo Ruz admita a trámite la querella que interpuso el pasado mes de febrero el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que se han sumado Izquierda Unida y la asociación ATTAC.

La Fiscalía Anticorrupción reconoce que las rebajas de la calificación de la deuda española "perjudicaron económicamente a España" porque "hay un efecto directo entre las revisiones a la baja de la deuda española por parte de estas agencias de calificación y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de la deuda pública".

No obstante, insiste en que esas actuaciones no tienen carácter delictivo ni han sido denunciadas por el Ministerio Fiscal o "por el perjudicado" directo, que es el Estado español.