Publicado: 27.11.2013 17:40 |Actualizado: 27.11.2013 17:40

Anticorrupción reclama que Aguirre conteste aislada por el "caso Gürtel"

Pide que durante su declaración por escrito, la expresidenta no pueda telefonear a nadie ni consultar documentos

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"La declaración se realizará en unidad de acto y en presencia únicamente del secretario, cuidando éste de que la testigo no comunique por vía telefónica o por cualquier otro medio con terceros". Es la petición que ha dirigido la Fiscalía Anticorrupción al juez Pablo Ruz, sobre las condiciones en las que debe producirse la declaración de Esperanza Aguirre en el 'caso Gürtel', después de que se acogiese a su privilegio a testificar por escrito por su condición de expresidenta de la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía, pese a que rechazó en su día la comparecencia de Aguirre, aunque ello no impidió que fuese acordada por Ruz, destaca ahora que la testigo tampoco debería poder consultar documento alguno durante la contestación de las preguntas, "salvo algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar".

De inicio, Anticorrupción destaca que debe acordarse la práctica de esta diligencia en presencia del secretario judicial, "quien apercibirá a la testigo de la obligación que tiene de ser veraz y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal". Tras esas prevenciones, el secretario debe hacer entrega a Aguirre del pliego de preguntas, sin que a áquella se le permita acceder con anterioridad a las mismas. Esas preguntas han sido planteadas por las distintas partes personadas --acusaciones y defensas, así como por el juez-- y cribadas como pertinentes o no por el Juzgado.

Tras la declaración, se levantará acta por el secretario, haciendo constar lugar, día y hora de la diligencia, circunstancias personales de la testigo, juramento o promesa de decir verdad y apercibimientos en caso de quebrantamiento; así como las preguntas formuladas y respuestas dadas. Así, al menos, lo pide la Fiscalía.

El esquema de la declaración coincide básicamente con el que el juez de Mallorca José Castro quiere aplicar a Francisco Camps, que se ha acogido también a su derecho a declarar por escrito, en su caso, por el asunto Nóos, y en concreto por los convenios firmados por la Comunidad valenciana cuando él la presidía con el instituto de Iñaki Urdangarin, por importe económico superior a los 3 millones de euros.