La reunión que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los presidentes de las principales empresas del sector de la construcción tenían previsto mantener mañana para abordar el recorte de la inversión en infraestructuras públicas ha sido aplazada sine die, según informaron fuentes gubernamentales.

Zapatero tenía previsto recibir a los máximos responsables de las grandes constructoras en el palacio de la Moncloa para abordar el recorte de 6.400 millones de euros en la obra pública planteado por Fomento para los ejercicios de 2010 y 2011. Pero a primera hora de la tarde de ayer, fuentes próximas a la Moncloa anunciaban que el encuentro quedaba aplazado sin fecha prevista 'por motivos de agenda'. Según otros medios gubernamentales, fueron las propias compañías constructoras las que solicitaron suspender la reunión al comprobar la expectación que se generó en torno a una cita que calificaban de 'privada'.

Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, un portavoz de las compañías aseguraba que el aplazamiento del encuentro no había sido propuesto por las constructoras: 'No podemos alegar motivos de agenda o el disfrute de las vacaciones por parte de algunos de los altos ejecutivos, máxime ante las dificultades que afronta el sector derivadas de las crisis económica, del recorte de la inversión y de la crítica situación de los ayuntamientos', y mostraron su 'total disposición' a mantener el día que se les proponga desde la Moncloa una reunión que llevan preparando 'una semana'. En cualquier caso, alabaron la iniciativa de celebrar un cara a cara con Zapatero.

Los empresarios que estaban citados en la entrevista de mañana eran: el presidente de ACS, Florentino Pérez; el de Acciona, José Manuel Entrecanales; el de Ferrovial, Rafael del Pino; el de FCC, Baldomero Falcones; el de Sacyr, Luis del Rivero, y el de OHL, Juan Miguel Villar Mir.

Según fuentes próximas a las constructoras, los representantes de las compañías tienen la intención de solicitar a Zapatero que introduzca medidas de flexibilidad en el recorte que afecta a la obra pública, porque consideran que las suspensiones de los proyectos pueden provocar un 'daño tremendo' al sector, en un momento marcado por la crisis económica y la dificultad para acceder al crédito.

Así, los presidentes de las constructoras propondrán que se adopten medidas específicas para cada proyecto que se ejecute, la ralentización de las obras que tengan un menor efecto dinamizador en la economía, permitir a las constructoras laminar sus pagos y pedir una solución para las autovías de primera generación.