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Aprobado el dictamen que exculpa a Aguirre de espionaje

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La Asamblea de Madrid aprobó el miércoles el dictamen de la comisión creada para investigar los supuestos espionajes en la Comunidad, en el se exculpa de toda responsabilidad al Gobierno regional y a su presidenta, Esperanza Aguirre.

El dictamen se aprobó con los 65 votos a favor de los diputados del Partido Popular, frente a los 50 en contra que sumaron los del Partido Socialista e Izquierda Unida.

El texto del dictamen, que había sido aprobado el lunes por la comisión, rechaza que el Gobierno de Aguirre ordenara, amparara o estuviera al tanto de seguimientos o espionajes a cargos públicos del Partido Popular.

"(La investigación) me merece una opinión muy positiva y muy clarificadora", aseguró Aguirre durante su intervención ante el Parlamento regional.

"Gracias a la documentación que aquí se solicitó (...) se demostró que nunca había existido una trama de espionaje político desde la Comunidad de Madrid, ni amparada, ni ordenada por la Comunidad de Madrid", sostuvo.

Antes de la votación, las portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE y de IU criticaron el desarrollo de la comisión por lo que llamaron "falta de garantías" y denunciaron impedimentos por parte del PP para llamar a comparecientes y presentar documentación.

"No se ha permitido que comparezcan los espiados, los partes de seguimiento son una prueba clara que ustedes han tratado de deslegitimar, no han asumido la responsabilidad que tienen como gobernantes de todos lo madrileños para tratar de esclarecer los hechos", afirmó ante el pleno la portavoz socialista, Maru Menéndez.

Menéndez, que afirmó que se han vulnerado derechos fundamentales durante el transcurso de la investigación, anunció que el grupo socialista solicitará amparo ante el Tribunal Constitucional.

La Comisión recibió al primero de los 11 comparecientes el 4 de marzo, un mes después de su creación. Por el estrado han pasado el ex consejero de gobernación del gobierno socialista de Joaquín Leguina, Virgilio Cano, el consejero de Interior madrileño, Francisco Granados o el ex director de Seguridad de la CAM, Sergio Gamón.

RECHAZO DE COMPARECENCIAS

Tanto PSOE como IU habían coincidido en pedir las comparecencias de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y de la propia Aguirre, que fueron rechazadas por los 'populares'.

"Desde el inicio, la comisión de investigación ha tenido una estrategia coordinada y planificada para llegar a la conclusión de los trabajos, cercenando la investigación real, y donde tampoco han existido las suficientes garantías, con una coordinación obvia entre los comparecientes, entre los portavoces del Partido Popular y entre el señor (Francisco) Granados", afirmó la portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés.

El portavoz del Grupo Popular, David Pérez, defendió no obstante las conclusiones de la comisión y acusó a los dos grupos de oposición de ser "incapaces de acreditar nada de lo que imputaban".

"La Comunidad de Madrid ni ha ordenado, conocido, ni amparado ningún tipo de espionaje. Ustedes han hecho un proceso inquisitorial (...) han actuado como un Torquemada progresista", afirmó.

"Han sido incapaces de acreditar nada de lo que imputaban. El objeto de la comisión fue el objeto que propusieron ustedes, PSOE e IU, donde se trataba de dilucidar y delimitar estas supuestas responsabilidades de supuestos espionajes, que ahora sabemos que eran más supuestos que reales", sostuvo.

El diario El País fue el que destapó en enero la supuesta trama de espionaje a altos cargos del PP, publicando partes que habrían demostrado el seguimiento a políticos, realizados por ex agentes policiales y guardias civiles a sueldo de la Consejería de Interior, negados en reiteradas ocasiones por el Gobierno regional y por los supuestos implicados.

La comisión no ha estado exenta de polémicas, y antes de su comienzo la veterana diputada regional de PP Rosada Posada, de 69 años, fue nombrada presidenta sustituyendo en el cargo a Benjamín Martín Vasco, que presentó su dimisión después de que unas informaciones lo vincularan con el "Caso Gürtel" que investiga la Audiencia Nacional y que salpica a algunos miembros populares.