Publicado: 24.01.2014 15:37 |Actualizado: 24.01.2014 15:37

Archivada la querella por la muerte del senegalés sin papeles que la sanidad balear no trató

El juez alega que "carece de rigor probatorio" que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares decretada por el Gobierno causara la muerte de Alpha Pam.

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El juzgado número 2 de Palma ha archivado este viernes la querella interpuesta por varias entidades contra el conseller de Salud, Martí Sansaloni, y tres altos cargos de su departamento por la muerte por tuberculosis del senegalés Alpha Pam, que carecía de tarjeta sanitaria y no fue diagnosticado correctamente.

El juez Pedro Barceló ha sobreseído la querella planteada por Derechos Humanos de Mallorca, el sindicato CGT y la Asociación de Senegaleses de Mallorca, que acusaba a cúpula de Salud de homicidio imprudente, entre otros delitos.

Las circunstancias de la muerte del inmigrante senegalés en abril de 2013, que fue objeto de una fuerte controversia política porque le fue retirada la tarjeta sanitaria por residir sin permiso en España, están siendo investigadas por un juzgado de Inca. El caso supuso la destitución en mayo pasado del gerente del hospital de Inca, Fernando Navarro.

En el auto de sobreseimiento, el magistrado entiende que "carece de rigor probatorio" la afirmación de que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes "sin papeles", decretada por el Gobierno central, causó la muerte de Pam. "Ni tan siquiera se propone en la querella la declaración de las personas directamente afectadas por las conductas denunciadas ni se aporta alguna prueba directa relevante sobre la que basar los hechos denunciados", apunta Barceló.

El juez, que expresa su coincidencia con la idea de la Fiscalía de que los querellantes no persiguen descubrir la verdad sino "instar una causa general contra los altos cargos de la Conselleria de Salud", expresa su extrañeza porque la querella no se planteara ante el juzgado de Inca que investiga la muerte del inmigrante.

Precisa que aunque entiende que tampoco cabe a los denunciantes pedir sanciones por un presunto delito de revelación de secretos del que no son parte perjudicada, habrá que esperar a que la Audiencia resuelva la impugnación de la fianza de 3.000 euros que impuso el juez para determinar si se admite su personación y puede, por tanto, recurrir el sobreseimiento. Respecto al resto de presuntos delitos archivados, Derechos Humanos de Mallorca, el sindicato CGT y la Asociación de Senegaleses de Mallorca tienen tres días para recurrirlos.