El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anunció el lunes el archivo de la causa contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, Arnaldo Otegi y otros cuatro miembros de Batasuna, por reunirse durante la tregua de ETA de 2006 pese a estar ilegalizada la formación abertzale.

"Por mayoría, (decidimos) el libre sobreseimiento de las actuaciones conforme a lo pedido por el ministerio fiscal, la representación legal de los señores López y Ares y, de manera subsidiaria, de los señores (Pernando) Barrena, (Arnaldo) Otegi, (Rufi) Etxeberria, (Juan José) Petrikorena y señora (Olatz) Dañobeitia, por falta de acusación legítima" dijo el presidente de la sala, Manuel Díaz de Rábago.

El proceso, comenzado en abril de 2006 con una querella del Foro de Ermua, termina así siguiendo el precedente del "caso Botín", en el que el Tribunal Supremo sentenció que no cabe abrir juicio oral sólo a instancias de la acusación popular.

El presidente del TSJ del País Vasco anunció, sin embargo, que él mismo formulará un voto particular por interpretar que "la acusación popular está legitimada en este tipo de procedimientos para el ejercicio de la acción penal únicamente a su instancia".

Una vez terminada la vista, el abogado del Foro de Ermua, Fernando García Capelo, anunció la presentación de un recurso ante el Supremo, por discrepancias con este argumento.

Mientras, arropado por los consejeros de su Gobierno y tras una reunión extraordinaria, Ibarretxe denunció "la clara politización de la Justicia" e hizo "una crítica profunda" de la fase de instrucción que hasta en seis ocasiones rechazó el archivo de la causa tras alegar los mismos motivos que ahora han servido para su sobreseimiento.

"Hacemos una crítica profunda al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y a quienes le han acompañado en este despropósito antijurídico y antidemocrático".

"No criticamos su labor como juez, ni las decisiones judiciales que ha adoptado, pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia es, además de juez, el representante institucional del Poder Judicial en Euskadi y en esa función representativa deben exigírsele responsabilidades ante la crisis que ha generado, crisis que sigue abierta y pendiente".

"LEGITIMIDAD DEL DIÁLOGO"

Ibarretxe lamentó que no se haya llegado al fondo del asunto, que sería, a su juicio, "la legitimidad del diálogo político como forma civilizada de solución de los conflictos" y mostró su preocupación porque la causa "discurra por la misma senda que en su día siguió el denominado 'caso Atutxa'.

La declaración hace referencia al proceso seguido contra los miembros de la mesa del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por no disolver la agrupación ilegalizada Socialista Abertzaleak, que fue sobreseído también por el alto tribunal vasco para concluir "con una sentencia condenatoria por parte del Tribunal Supremo Español, una vez que éste obligó a repetir el juicio oral".

Ibarretxe, López y Ares estaban encausados como cooperadores necesarios del delito de desobediencia que se atribuía al ex dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi y otros cuatro miembros de la formación ilegalizada que están actualmente en prisión, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y Juan José Petrikorena.

"La misma tranquilidad con la entramos salimos de este juicio. Dijimos desde el principio que no había fundamento para él, que no habíamos cometido ningún delito", dijo Patxi López a la salida del Palacio de Justicia.

Otegi, dijo en una comparecencia en Bilbao que el objetivo de este proceso judicial era el de negar "el diálogo y la negociación como método para resolver conflictos políticos".

"Había ciertamente un interés por no solo juzgar el proceso que ha pasado sino fundamentalmente por interponer más obstáculos a los procesos que puedan existir en el futuro, y que sin duda van a existir en el futuro de este país".

Para el PP vasco, sin embargo, la decisión de los jueces, aunque respetable, es un error.

"Es un error mayúsculo darle bola a Batasuna", dijo Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco.

La organización Dignidad y Justicia se sumó al Foro de Ermua en la acusación en abril de 2007. Ambas acusaban a los miembros de Batasuna de los delitos de desobedecía tipificados en el artículo 556 del Código Penal, mientras que Ibarretxe, López y Ares estaban imputados como cooperadores necesarios de dichos delitos de desobediencia.

El juicio, que había provocado una gran expectación mediática, era seguido en el Palacio de Justicia por unos 150 periodistas, así como 30 ciudadanos que recibieron la plaza por sorteo.