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Arranca la comisión del supuesto espionaje en Madrid

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Un mes después de su creación, la comisión parlamentaria regional que investigará la supuesta trama de espionaje a altos cargos madrileños del Partido Popular, escuchó el miércoles a su primer compareciente.

cinco del PP, tres socialistas y uno de IU.

Cano respondió a las preguntas de los tres portavoces parlamentarios, que en sus primeras cuestiones trataron de establecer si existen diferencias entre las competencias pasadas y actuales en el área de Interior de la Comunidad de Madrid.

"Nuestras competencias eran eminentemente proteccionistas", declaró Cano, que fue consejero durante tres legislaturas, enumerando que abarcaban los Servicios de Protección Civil, Policía Local y vigilancia de los edificios de la Comunidad.

"Jamás hubo funciones de contravigilancia, de seguimiento de personas (...) solamente había una persona en estos 12 años que tuviera un servicio de escolta, que era el presidente de la Comunidad", agregó.

En otra intervención de la mañana, Carlos Mayor Oreja, consejero de Medio Ambiente entre 1999 y 2000, dijo que desconocía la existencia de informes sobre cargos políticos.

"Informes sobre personas ya le he contestado que no recuerdo ningún tipo de informes. Esto (la pregunta) me ha hecho mucha gracia. ¿Es posible que se haya hecho sin mi conocimiento? Pues mire usted, si se hubiera hecho sin mi consentimiento yo no lo sabría", dijo Oreja a una pregunta.

El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Reneses, criticó en su turno de preguntas la tardanza en la puesta en marcha de la comisión, que se creó el pasado 6 de febrero y debe terminar sus funciones el 31 de marzo.

Reneses cuestionó también que el Partido Popular hubiera pedido la comparecencia de Cano, ya que lo que se está cuestionando, dijo, son las funciones de la estructura actual en la Comunidad de Madrid.

"No consideramos que usted tiene nada que ver con el objeto de esta comisión. Nos parece ignominioso que se le haya hecho comparecer", afirmó.

Tanto PSOE como IU han coincidido en pedir las comparecencias de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal o de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que han sido rechazadas por los populares.

El escándalo surgió el pasado 20 de enero, cuando el diario El País destapó presuntos casos de espionaje que afectarían al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, pertenecientes a facciones enfrentadas dentro del PP.

El diario señaló que algunos de los seguimientos los realizaron ex agentes policiales y guardias civiles a sueldo de la Consejería de Interior, algo que tanto el consejero de Interior de la CAM, Francisco Granados, como Aguirre han negado en reiteradas ocasiones.

En el momento de su creación, los dos grupos de oposición expresaron su preocupación acerca del calendario de la comisión, que se ha fijado para lunes y miércoles en sesiones de mañana y tarde y viernes sólo durante la mañana.

La veterana diputada regional del Partido Popular Rosa Posada, de 69 años, es la presidenta tras sustituir en el cargo a Benjamín Martín Vasco, que presentó su dimisión para querellarse por unas informaciones que lo vinculan con la "operación Gürtel" de presunta corrupción que investiga la Audiencia Nacional y salpica a algunos miembros del PP.

Un tribunal de Madrid ha abierto también diligencias sobre la supuesta trama de espionaje por considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito penal.