Publicado: 13.02.2014 11:32 |Actualizado: 13.02.2014 11:32

Las artimañas de Sacyr en Panamá

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José Eugenio Stoute

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano, anunció en el día de ayer que se está muy cerca de cerrar un acuerdo definitivo con el consorcio Grupo Unido por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr. Lo que no ha dicho el administrador es que el acuerdo verbal no pudo ponerse por escrito, para así firmarlo ambas partes, puesto que GUPC alegó discrepancias sobre el acta. Una vez más, y por enésima vez, Sacyr/GUPC gana tiempo utilizando todo tipo de artimañas. De ahí que Quijano haya advertido que el acuerdo debe cerrarse a más tardar el próximo martes, o la ACP pondrá en marcha el denominado Plan B, consistente en la asunción por parte del empleador de la culminación de la obra prescindiendo del consorcio.

La negociación se hace en base a lo que Quijano señaló como "la última propuesta de la ACP", la cual fue presentada a Sacyr/GUPC el pasado viernes día 7 de febrero, y que conlleva la aceptación del "reinicio inmediato de la obra, fecha inamovible de entrega de las compuertas, formulación de un programa de ejecución actualizado y extensión de la moratoria de repago y aporte financieros de todas las partes". Los dos últimos puntos se refieren a los 780 millones de dólares adelantados por la ACP a GUPC, si bien garantizados en su totalidad por cartas de crédito bancarias de pago a la vista a favor de la ACP, y un nuevo adelanto de 100 millones, garantizados de la misma manera, siempre y cuando GUPC aporte por su parte 100 millones adicionales. La propuesta establece, además, el desconocimiento de todo reclamo que no haya sido reconocido por las instancias de arbitraje establecidas en el contrato, así como la negativa a cualquier aumento del costo de la obra.

El mismo viernes día 7 en que la ACP presentaba su "última propuesta" a Sacyr/GUPC, El País editorializaba, bajo el título Canal sin salida, asumiendo como ciertas las afirmaciones sin sustento de Sacyr/GUP, incurriendo con ello en una ignorancia inexcusable o dejando ver una deliberada parcialización inaceptable. En efecto, El País da por bueno el reclamo por sobrecostos de 1.600 millones que alega el consorcio, sugiriendo que dicho monto debería ser financiado por partes iguales entre el empleador y el contratista. Agrega dicho editorial que de no llegarse a dicho acuerdo la obra se atrasaría en un mínimo de tres años, alcanzando entonces un monto superior a los 1.600 millones. Finaliza el editorial afirmando que han fracasado los organismos de arbitraje establecidos en el contrato. Tales afirmaciones coinciden, no por casualidad o despiste, con los falaces argumentos utilizados por Sacyr/GUPC.

El editorial de El País ignora o silencia que Sacyr/GUPC reclamó 120 millones de dólares por la construcción de una una presa, que fue rechazado por el organismo de conciliación ACP/Sacyr/GUPC, para posteriormente ser rechazado por carente de mérito por la Junta de Resolución de Disputas (DAB) y hoy se encuentra en la Cámara Internacional de Comercio de Miami (última instancia de arbitraje), donde todo indica que también perderán, dado que el contrato indica que dicha construcción, realizada por decisión del contratista, era de estricta responsabilidad del consorcio. De igual manera, el consorcio presentó un reclamo por el basalto y el hormigón ante el DAB, para luego retirarlo y presentarlo nuevamente tiempo después. Igualmente, el contrato establece que la ACP no es la responsable de garantizar el tipo de basalto que se encontraba en el área. Y en cuanto al hormigón, Sacyr/GUPC tardaron seis meses en lograr la mezcla que exigía el contrato, en razón de que el diseñador (designer of record) del propio consorcio lo rechazaba por no ajustarse a la exigencia del contrato.

Resulta de interés conocer que al 22 de diciembre del año pasado el reclamo presentado por el Consorcio alcanzaba la cifra de 500 millones, para luego, un día después, agregar 800 millones adicionales, para finalmente, el 30 de diciembre, elevarlo a la astronómica cifra no sustentada de 1.600 millones de dólares. Un último ejemplo clarificará las argucias del consorcio. El 8 y 9 de diciembre de 2010 se produjo el fenómeno conocido como La Purísima, precipitación pluvial que superó los niveles históricos registrados por la ACP. Pues bien, Sacyr/GPPC presentó un reclamo por 40 millones de dólares que fue rechazado en la conciliación con la ACP, por lo que el consorcio lo llevó al DAP... por 9 millones de dólares, donde nuevamente se le rechazó por no haber mérito. Nunca más fue presentado.        

Finalmente, habiendo enviado el día 30 de diciembre del pasado año una carta amenazando con detener completamente las obras, habiendo reducido la actividad en un 75%, le presentaron una factura a la ACP por 50 millones, la que al irse a pagar no se pudo... porque Sacyr/GUPC no presentó el "paz y salvo" de la Seguridad Social.

¿Todas estas pillerías eran desconocidas por El País a la hora de editorializar adoptando las falacias que como exigencias plantea Sacyr/GUPC? ¿Desconocía el editorialista que en caso de que la ACP ponga en marcha el Plan B la obra sería terminada por la ACP a finales de 2015 y no tres años después como afirma sin rubor alguno? ¿Y que el reclamo de los supuestos 1.600 millones no han sido llevados a los organismo de arbitraje establecidos y pactados en el contrato?

No está de más señalar que Luis de Rivero, expresidente de Sacyr, acaba de declarar hace 48 horas al periódico La Estrella de Panamá que "no se puede estar dos años y medio sin resolver un asunto, si se ha dado un anticipo y se vive cómodo con el anticipo, no puedes poner después una pistola para reclamar (...) Alguien no se ha preocupado para que se resuelvan los reclamos", refiriéndose a Sacyr/GUPC, y aclarando que se trata de una "metida de pata" , "una mala gestión de GUPC para presionar los reclamos"... que, hay que agregar, no han sido presentados a las instancias de arbitraje establecidas en el contrato. Como diría un abogado: a confesión de parte, relevo de pruebas.