La seguridad de los gobernadores mexicanos y de los candidatos a sustituirlos en las elecciones del domingo se reforzó hoy tras ser asesinado este lunes el aspirante por el PRI en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, y al haber reconocido varios de ellos que están amenazados por grupos del narcotráfico.

Ante la escalada de la violencia en el país y la trágica muerte del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente de México, Felipe Calderón, abogó en un nuevo discurso a la nación por crear un "frente común" de todos los partidos y la sociedad contra el crimen organizado.

A cinco días de que se celebren comicios locales en catorce estados, en doce de ellos a gobernador, Calderón pidió buscar "una posición de unidad frente a este enemigo común" a través del diálogo y con la colaboración "franca y sin titubeos" de las fuerzas políticas y sociales.

También ha pedido un pacto nacional que ayude a recuperar la seguridad "por encima de las diferencias" el organismo que agrupa a los 32 gobernadores mexicanos, la CONAGO, según avanzó su presidente, Fidel Herrera, que pretende convocar a todos los partidos y al Gobierno federal tras las elecciones.

Torre Cantú, sus tres escoltas y un diputado local, que fallecieron el lunes tras ser atacada la caravana en la que viajaban por un grupo de sicarios, fueron homenajeados al mediodía en un acto celebrado en Ciudad Victoria, al que asistieron unas 7.000 personas, previo a una misa prevista en la Catedral.

El homenaje, que terminó con gritos de "justicia" por parte de los asistentes, se celebró entre fuertes medidas de seguridad con la asistencia de doce gobernadores mexicanos y representantes de todos los partidos políticos, que han cerrado filas y condenado de modo unánime el crimen del candidato.

Mientras tanto, los dirigentes del PRI, con su presidenta Beatriz Paredes a la cabeza, continúan buscando al sustituto del occiso, a quien todas las encuestas le daban como seguro gobernador de Tamaulipas.

Paredes ha pedido a los candidatos que extremen su seguridad en los actos en los que participen, aunque espera "que no se repita un hecho de esta naturaleza".

El gobernador del sureño estado de Tabasco, Andrés Granier Melo, reconoció anoche que ha recibido amenazas de muerte directas por parte de integrantes del cartel del Golfo en su entidad, al igual que otros mandatarios estatales.

Por su parte, la candidata al estado central de Hidalgo Xóchitl Gálvez, de la coalición "Hidalgo nos Une", informó que, aunque no teme por su vida, sacó de esa entidad a su familia para protegerla de la inseguridad y el hostigamiento de que es objeto y reveló que ya intentaron secuestrar a una de sus tías y a un trabajador.

Además, en junio pasado el dirigente nacional del gubernamental Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, reconoció que sicarios de Los Zetas lanzaron diversas advertencias a sus dirigentes y candidatos no solo de Hidalgo sino también en el estado de Veracruz.

Por tales motivos, el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, recibió instrucciones para reforzar la seguridad de los candidatos, según explicó a la prensa Mario López Valdés, aspirante a gobernador de Sinaloa por la alianza que integran PRI, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia.

López Valdés aceptó el ofrecimiento del Ejecutivo al considerarlo "necesario", aunque en un primer momento confesó que ya se había "encomendado a Dios" y no necesitaba más escoltas.

Por contra, el candidato del PRI en Oaxaca, Eviel Pérez, rechazó ser escoltado por policías federales en lo que queda de campaña.

"No voy a aceptar la propuesta y no voy a cambiar mis planes de campaña (..). Al contrario, vamos a apretar el paso", dijo.

Tampoco aceptó el refuerzo policial su compañero de partido y candidato en Sinaloa, Jesús Vizcarra, quien, según publica el diario Reforma, adelantó que va a seguir como hasta ahora "confiando en la gente y en Dios" porque tiene su mente "tranquila".

El crimen ocurrido en Tamaulipas recordó al del candidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado tras un mitin celebrado en 1994 en el estado de Tijuana, al norte del país.

México experimenta desde hace varios años una ofensiva violenta de los carteles de la droga que aumenta cada año, por lo que Calderón mantiene desplegados en el país alrededor de 45.000 soldados y miles de policías federales.