El asesor de seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Marcos Peña, negó el viernes ante la comisión que investiga el supuesto espionaje a altos cargos del Partido Popular en la capital haber sido responsable de seguimientos ni actividades irregulares.

Peña, un ex inspector de la Policía Nacional, había sido señalado por el diario El País, que destapó la supuesta trama, como el presunto jefe de la red de espionaje que de acuerdo al diario organizó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la CAM, Francisco Granados.

El asesor aseguró que sus funciones en la Comunidad de Madrid se han limitado a prestar asesoramiento en materia de seguridad.

"Yo no estaba trabajando para la Comunidad en las fechas en las que se realizaron las supuestas actividades irregulares", afirmó Peña ante la comisión de nueve miembros, cinco del PP, tres socialistas y uno de IU. "Yo realicé exclusivamente labores de asesoría".

"Todos los hechos que se me imputan por los medios de comunicación son falsos", agregó, negando haber realizado seguimientos.

En lo que se refiere a las informaciones que apuntaban a que Calvo había sido fichado por Granados a petición del PP, el compareciente aseguró haber conocido al actual consejero en la década de los 90, y que desde entonces hasta su entrada en la CAM coincidió con él sólo en un par de ocasiones.

"Hace meses me propuso integrar su equipo (...) yo podía aportar conocimientos técnicos en materia de seguridad", afirmó el asesor, que terminó su primera intervención con la voz entrecortada y visiblemente emocionado.

Tras esta comparecencia, subirá al estrado para declarar Miguel Castaño, actual asesor del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González.

El escándalo surgió el pasado 20 de enero, cuando el diario El País destapó presuntos casos de espionaje que afectarían al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, número dos de la presidenta Esperanza Aguirre, y al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, número dos del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

El diario señalaba que algunos de los seguimientos los realizaron ex agentes policiales y guardias civiles a sueldo de la Consejería de Interior, algo que tanto Granados como Aguirre han negado en reiteradas ocasiones.

DURAS ACUSACIONES

En la primera sesión de la comisión celebrada el miércoles, comparecieron tres antiguos consejeros a cargo de la seguridad de la CAM, los cuales negaron que existieran funciones de contravigilancia o de seguimiento de personas durante el tiempo que ejercieron sus cargos.

El ex consejero de Gobernación del gobierno socialista de Joaquín Leguina (1983-1995) Virgilio Cano fue el primero en subir al estrado, donde señaló que el único político que contaba con un servicio de escolta era el ex presidente Leguina.

Posteriormente, Carlos Mayor Oreja, consejero de Medio Ambiente entre 1999 y 2000 con competencia sobre la seguridad, dijo que desconocía la existencia de informes sobre cargos políticos.

El tercer compareciente, Pedro Calvo, concejal de Seguridad del Ayuntamiento y ex consejero del ramo durante la presidencia de Gallardón, afirmó que en el consistorio no se detectó ningún seguimiento al vicealcalde.

Calvo calificó de "ridículo" además que la comisión investigara a los responsables anteriores.

En una dura intervención realizada el jueves ante la Asamblea de Madrid, Granados acusó de mentir a los tres consejeros comparecientes.

"Afirmo categóricamente que en el Gobierno del señor Joaquín Leguina se prestaban servicios de seguridad por parte de los técnicos de seguridad, se compraron pistolas (...) y que además hacían de escolta de los miembros del Gobierno. Lo afirmo y lo puedo acreditar, por lo tanto, alguien ayer mintió", dijo.

Tanto PSOE como IU habían coincidido en pedir las comparecencias de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal o de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que han sido rechazadas por los populares.

La comisión comenzó su andadura el miércoles, casi un mes después de su formación.