Publicado: 06.12.2013 08:00 |Actualizado: 06.12.2013 08:00

"Asistimos a un auténtico golpe deconstituyente"

En el 35 aniversario de la Constitución el profesor y activista considera que muchas reformas urgentes, como "el rechazo de la deuda ilegítima" o "frenar el drama de los desahucios", podrían acometerse sin cambi

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Hoy la Constitución cumple 35 años en pleno debate sobre su reforma. El profesor titular de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y activista social, Gerardo Pisarello, considera que esa discusión esconde la negativa de los partidos a poner en marcha algunos cambios que podrían producirse sin la necesidad de ninguna modificación.

Se cumplen 35 años desde la aprobación de la Constitución española. ¿Qué tenemos que celebrar hoy, tres décadas después?

La Constitución española nació con condicionamientos y deficiencias innegables. Pero contenía algunas promesas garantistas y admitía lecturas abiertas, flexibles. Hoy queda muy poco de todo eso. Los derechos sociales y las libertades civiles son conculcados sin rubor y las interpretaciones más democráticas del texto de 1978 se arrinconan. Diría que no solo no hay evolución, sino que asistimos a un auténtico golpe deconstituyente.

La reforma de la Carta Magna está en el discurso de diferentes partidos políticos, pero quizás estos llegan un poco a remolque de lo que se ha planteado en las calles desde el estallido del 15-M. ¿Comparte esta reflexión?

El 15-M denunció el agotamiento del régimen político y económico surgido de la Transición. Y sugirió una terapia, la radicalización democrática. No veo a la clase política actual, ni mucho menos a los grandes poderes económicos, en condiciones de responder a esa interpelación. Hablan de reforma constitucional, sí, pero muchas veces lo hacen para ocultar su negativa a algunos cambios que podrían producirse incluso sin ella.

¿A qué se refiere?

Muchas reformas urgentes podrían acometerse sin necesidad de cambiar la Constitución. Una mayoría legislativa similar a la del Gobierno actual podría plantear el rechazo de la deuda ilegítima, frenar el drama de los desahucios, revertir la contrarreforma laboral o ampliar los mecanismos de participación ciudadana. Lo que ocurre es que una mayoría que se atreviera a hacer algo así tendría que plantearse, más temprano que tarde, la apertura de un proceso constituyente.

¿Quiere esto decir que la reforma constitucional carece de sentido?

Si la reforma constitucional la pudieran instar los propios ciudadanos, como ocurre en otros países, quizás tendría sentido. Pero no es el caso español, que solo permite cambios que cuenten con el consenso de los dos partidos mayoritarios. Hoy mismo, ese acuerdo no existe. Las propuestas que salen del Gobierno, cuando salen, son en algunos aspectos más regresivas que las sugeridas por Alianza Popular durante la transición. Una reforma constitucional democratizadora exigiría la existencia de una clase política muy diferente a la actual.

El PSOE plantea una reforma en clave federal que delimite las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. ¿Es esto factible y deseable?

Más allá de la oposición que generaría en el PP, me parece una iniciativa ambigua. No se sabe si se trata de un federalismo pluralista, respetuoso de la diversidad nacional, o si se trata de un federalismo centralizador, más cercano a propuestas como las de UPyD. Más interesante resulta su propuesta de reforzar constitucionalmente el papel de los derechos sociales. Pero en este caso el problema es de credibilidad ¿Cómo pretende apuntalar los derechos sociales una fuerza política que consintió la constitucionalización de las actuales políticas de austeridad?

IU hablaba recientemente de suprimir el famoso artículo 135 sobre la estabilidad presupuestaria. ¿Cómo lo ve? ¿Es posible?

La reforma del artículo 135 fue un despropósito. Una Constitución que otorga prioridad absoluta al pago de la deuda externa está dimitiendo de su función social y democrática ¡Ni siquiera el Banco Central Europeo exigía tanto! Dicho esto, si existiera voluntad política para cambiar este precepto habría que utilizarla para muchas otras cosas. De entrada, como decía antes, para suspender el pago de la deuda, algo que el propio artículo 135 prevé en caso de que se "perjudique considerablemente" la "sostenibilidad social del Estado". Y luego, para abrir un proceso de cambios constitucionales más profundos, que involucren a la ciudadanía, comenzando por quienes ni siquiera votaron el texto de 1978.

¿Es hora de plantear la necesidad de un cambio en el modelo de Estado para instaurar la III República? ¿Es posible?

La monarquía es una anomalía en términos democráticos. Un constitucionalismo republicano a la altura del siglo XXI debería remover esta anomalía y avanzar sobre otras materias. La democratización del poder financiero y mediático, la garantía de un gobierno social y ecológico de la economía, la tutela de bienes comunes como el agua o el conocimiento, la introducción de nuevos derechos sociales y laborales. En fin, nada que los movimientos sociales no hayan puesto sobre la mesa en los últimos años.

¿Sería posible hacerlo a través de una reforma o deberíamos aproximarnos hacia un proceso constituyente?

Depende. Algunos constitucionalistas han sugerido reformar la Constitución para que los propios ciudadanos puedan proponer enmiendas parciales o totales a la misma. Es una propuesta interesante, pero inviable con las mayorías actuales. Pienso que los temas más acuciantes como los del fraude fiscal, el desempleo, o los desahucios, pueden afrontarse a través de simples leyes. Y si en algún momento se consigue una mayoría social y política favorable a una reforma constitucional garantista, debería utilizarse para abrir un proceso constituyente.

El aniversario llega en un momento marcado por la exigencia de una consulta por parte de la sociedad catalana. ¿Es esta consulta posible dentro del marco actual? ¿Cómo se puede facilitar el deseo del pueblo catalán?

Si hay voluntad política, la consulta es jurídicamente viable, sin necesidad de reformar la Constitución. El Gobierno ha optado por una oposición cerril, que no hará desaparecer este reclamo. En mi opinión, una salida limpia a la cuestión territorial solo puede pasar por el reconocimiento previo del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y por la generación, claro, de nuevas alianzas constituyentes supraestatales, al menos entre los países del Sur de Europa.