La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha calificado hoy de "desafortunada e irresponsable" la reacción del Gobierno ante la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de confirmar la multa de 1.500 euros que se impuso al juez Rafael Tirado a raíz del "caso Mari Luz".

En un comunicado, esta asociación de jueces afirma que el Gobierno, que ha anunciado una reforma "en profundidad" del régimen disciplinario de los jueces, "está en su derecho de discrepar de la decisión" del CGPJ, "pero expresar su 'malestar' de forma tan airada y transformar su discrepancia en una batería de iniciativas en varios frentes es desproporcionado".

"Si el problema está en que el CGPJ ha errado en la valoración de los hechos, no hay necesidad alguna de reformar el marco legal, al menos no por este caso", dice JpD, que agrega que la decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que "impulsar una reforma legal cuando aún no hay pronunciamiento judicial sobre la decisión administrativa es precipitado".

La asociación señala asimismo que "la indignación mostrada, que tiene mucho de impostura, contribuye muy poco al respeto institucional que se deben recíprocamente los tres poderes del Estado, socavando la confianza de los ciudadanos en el gobierno de la justicia y en el propio sistema judicial".

Según Jueces para la Democracia, la reacción del Gobierno "obedece a una concepción subordinada y sucursalista del Poder Judicial, y se enmarca en el contexto de las reiteradas injerencias en el órgano de gobierno de los jueces desde su misma constitución".