Una decena de organizaciones feministas y de planificación familiar han exigido a la Junta de Castilla-La Mancha que garantice la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la región. El derecho al aborto está en la cuerda floja en esta Comunidad Autónoma desde que las clínicas privadas han anunciado que dejarán de realizar abortos de forma gratuita si la Junta no les paga el dinero les adeuda. 

La situación se remonta a 2010, cuando la Junta de Castilla La Mancha firmó un convenio con clínicas privadas para desviar y realizar los abortos en estos centros médicos par la aplicación de la Ley. Las clínicas han cumplido su parte del acuerdo y han realizado más de 3000 interrupciones del embarazo, pero la Junta no ha pagado todavía los más de 1, 3 millones de euros -según los centros privados- que les debe la Comunidad Autónoma por estas operaciones. Por ello, los centros médicos han empezado a cobrar a las mujeres, que tendrán que pagarse la operación ellas mismas, aunque después tengan derecho a repetir frente a la Administración. 

Según las clínicas privadas, la Junta les debe 1,3 millones de euros

Ante estos hechos, las feministas han recordado que esta prestación es un derecho al que se tiene dentro del sistema publico de salud, con independencia de si se realiza en un hospital público o privado.  'Los convenios que las comunidades autónomas, establecen con clínicas privadas no son más que un mecanismo de ejecución de esta obligación de cobertura a través de los dispositivos públicos de salud' han recordado en un comunicado las asociaciones feministas. 

Por ello, han entendido que, 'si los mecanismos de derivación, no pueden asumir la cobertura de esta prestación pública, deberán ser los hospitales públicos quienes las realicen, estableciendo para ello los mecanismos necesarios para restablecer en el menor plazo posible las garantías relacionada con los derechos que en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo'.

Las asociaciones también han exigido al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 'que ponga en marcha los mecanismos necesarios para la supervisión de este proceso, utilizando para ello los instrumentos de la Alta Inspección Médica previstos' en la ley.