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Dos asociaciones de jueces adelantan la huelga al 18 de febrero

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Dos asociaciones de jueces, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, se sumaron el viernes a la convocatoria de huelga en la judicatura para el próximo 18 de febrero, informó un portavoz.

Ambas organizaciones, junto a la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia, habían pactado previamente un "acto reivindicativo y de protesta" en todas las sedes judiciales el 18 de febrero y una huelga para el 26 de junio si el Gobierno no respondía satisfactoriamente a sus reivindicaciones.

Sin embargo, el viernes cambiaron su postura y se sumaron a los cientos de jueces que la semana pasada decidieron secundar la convocatoria de huelga en febrero, tras lo que consideran un fracaso de las reuniones con el Ministerio de Justicia la semana pasada.

"No podemos esperar nada menos que hasta el 26 de junio, (...) nos han forzado prácticamente a estas dos asociaciones a convocar la huelga para el 18 de febrero", dijo el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, en declaraciones recogidas por RNE.

El portavoz de Jueces para la Democracia Miguel Ángel Gimeno acusó a estas dos asociaciones de "romper un instrumento importante para la unidad de la carrera judicial" y hacerlo de forma deliberada.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, indicó que estas medidas "tan drásticas" no son las más adecuadas.

excepto el TSJ de Castilla-La Mancha y la Audiencia Provincial de Albacete - así como las juntas de jueces de Madrid, Gerona, Soria, Lugo, Ibiza, Ciudad Real y Castellón, Extremadura, Murcia y Zamora, según los datos provisionales facilitados por el Consejo General del Poder Judicial.

En total un tercio de los jueces estarían a favor de la huelga del mes que viene, según datos de TVE.

Las tensiones entre la carrera judicial y el Gobierno han ido en aumento en los últimos meses, principalmente tras la discrepancia del Ejecutivo con la sanción impuesta al juez del "caso Mari Luz" por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña onubense.

Entre las reivindicaciones de los magistrados se encuentran la instauración de la nueva oficina judicial, la informatización de los juzgados, la formación del personal de los tribunales y que se establezca una carga máxima de trabajo "razonable", así como una revisión de la estructura del sistema judicial.

Las asociaciones judiciales reclaman también que se instaure un sistema eficaz de sustituciones, medidas de conciliación con la vida familiar y que se adecuen de modo quinquenal las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, especialmente en cuanto al pago de las guardias.