La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético interpondrán una denuncia ante la Fiscalía anticorrupción para que investigue si ha habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria a la hora de fijar los criterios para recortar la retribución a las renovables.

Ambas entienden que ha habido arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables y que ha supuesto un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales.

Industria encargó en su día dos informes a las consultoras Roland Berger y Boston Consulting para que determinaran los criterios a seguir en el recorte a las renovables. Sin embargo, la semana pasada se conoció que, en realidad, el ministro José Manuel Soria redactó la reforma sólo con uno de esos informes, que además fue entregado al Gobierno meses después de que el recorte ya hubiera sido publicado en el BOE.

La denuncia que presentarán ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción busca determinar si en este procedimiento ha habido prevaricación u otras infracciones del ordenamiento jurídico, ya que ahora se desconoce en base a qué criterios técnicos se establecieron las condiciones de esos recortes. Asimismo, los denunciantes aseguran que Industria encargó "a dedo" los dos informes a las consultoras y que las presionó para que acataran los criterios prefijados por el propio Ministerio.

Esta misma semana, la portavoz de ICV y diputada en el Congreso por la Izquierda Plural, Laia Ortiz, también anunció que estudian presentar una querella contra el ministro de Industria, José Manuel Soria, por prevaricación al entender que la reforma eléctrica se había hecho "sin amparo técnico y con mentiras" ya que supuestamente debía ampararse en estos estudios.

En este sentido, subraya que tras los recortes de la retribución renovable se han detenido las inversiones a las renovables, España ha caído a la cola de Europa por culpa de la inseguridad jurídica, las plantas de producción están en quiebra y en suspensión de pagos y se han destruido miles de puestos de trabajo.