Publicado: 23.11.2014 11:48 |Actualizado: 23.11.2014 11:48

El aspirante a presidir la CEOE aboga por salarios más "flexibles" y despidos más baratos

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El candidato a la presidencia de la CEOE y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, quiere una CEOE más influyente en las decisiones políticas y económicas. Con ese planteamiento propone ahondar en las reformas del mercado de trabajo para generar más empleo, con una mayor flexibilidad en las condiciones laborales, también en los salarios, así como costes laborales más asequibles, lo que incluye despidos más baratos.  

Así consta en su programa electoral, un documento de 60 páginas que ha titulado De nuevo. Independencia, ética y transparencia, en el que explica que estas medidas darían más músculo económico a las empresas y más confianza a la hora de adaptarse a las circunstancias económicas.  

Así, el programa es una batería de propuestas, a nivel interno de la organización y externo, de cara al ámbito político y económico, que se asienta en la máxima de recuperar la "presencia" que, a su juicio, ya no tiene la CEOE actual, y en un término que reitera a lo largo de las páginas, la "influencia". 

"Una de las principales rémoras de la CEOE en los últimos años ha consistido en ir a remolque de las iniciativas de reforma del entorno empresarial y de criterios ajenos", dice Garamendi, para añadir que "la CEOE tiene que participar activamente como agente social en los debates que afectan a la médula y vertebración de España, como pueden ser la Unidad del Estado, la defensa de la Constitución y la Corona, la lucha contra la corrupción, la promoción de partidos políticos constitucionales, la unidad de mercado, etc.". "Debemos ir más allá de ser un mero gestor de las relaciones laborales", añade.

En el plano económico, la primera aspiración de esa nueva CEOE es la reducción "urgente" de los costes de las empresas, ya sean laborales, fiscales, energéticos, sociales "o de cualquier tipo". "Será la mejor manera de que las administraciones ayuden a los empresarios", señala el programa de Garamendi.  

Para ello, Garamendi quiere reducir las cotizaciones sociales, dar marcha atrás para que los salarios en especie salgan de las bases de cotización del empresario, controlar aún más el absentismo y las bajas, y reducir el coste del despido individual. Sobre esta última cuestión, señala que "es imprescindible para tener una economía competitiva".

Además, el candidato a la presidencia de la CEOE, defensor de mantener la moderación salarial, señala que "la flexibilidad laboral en las empresas no viene sólo de una movilidad geográfica o funcional, sino también de una flexibilidad en la retribución salarial basada, en la medida de lo posible, en la productividad de cada compañía e incluso en cada puesto de trabajo". 

Por otro lado, Garamendi avisa de que reducir las modalidades contractuales "sin motivo" puede suponer una "incomodidad" para las empresas. En su opinión, siempre se habla de eliminar la dualidad entre contratación temporal e indefinida, pero hay que tener presente que los contratos temporales y a tiempo parcial son "muy valiosos" para las empresas a la hora de adaptar las plantillas a las necesidades del negocio. 

Asimismo, apuesta por reducir la carga fiscal "extremadamente alta" que soportan las empresas, así como la complejidad del entramado fiscal al que se enfrentan, así como por aumentar los esfuerzos para reducir la morosidad de las administraciones.

En este ámbito, Garamendi aboga por racionalizar de manera "urgente" las administraciones públicas, "simplificando organismos, reduciendo empresas públicas y sociedades mercantiles y evitando duplicaciones".

En otro orden de cosas, Garamendi se declara firme defensor del diálogo social y quiere una negociación colectiva "ágil", al tiempo que defiende la autonomía del diálogo bilateral.  

Por otro lado, señala que es preciso un marco regulatorio "más adaptable a las especiales circunstancias por las que atraviesan las empresas, que no esté permanentemente judicializado".  

Además, Garamendi se moja al hablar de una de las reformas "pendientes y urgentes" que es la del derecho a huelga, cuestión que considera "compleja, pero necesaria".

"Es exigible que la huelga se vote en una urna, que las acciones informativas sobre la convocatoria no se puedan realizar el mismo día de la huelga —porque entonces se convierten en piquetes coactivos— y que no pueda convocar huelga un sindicato que carezca de representatividad en la empresa o sector de que se trate", precisa.