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La atención sanitaria diaria cuesta 9 euros por dependiente en centros privados

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El coste de la atención sanitaria a los mayores dependientes en las residencias privadas asciende a 8,92 euros por residente y día -de los 70,89 que cuesta toda la estancia-, según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

El análisis sobre costes sanitarios en centros residenciales privados para personas mayores que ha elaborado la UAM a petición de la Fundación Edad&Vida, concluye que ese coste debe ser asumido por las comunidades autónomas, que tienen las competencias sanitarias, dado que la sanidad en España es un derecho universal y gratuito.

El principal objetivo del estudio que se ha presentado hoy era, según ha explicado Dolores Dizy, una de sus autoras, conocer el coste de atención sanitaria a los mayores dependientes que asumen los centros privados y cuantificar la compensación de dicho coste por parte de las administraciones públicas.

El presidente de la Fundación Edad&Vida, Higinio Raventós, ha defendido que las personas mayores ingresadas en residencias deben tener los mismos derechos que las que viven en sus domicilios y, por tanto, su atención sanitaria debería quedar cubierta por un Módulo Sanitario, como ocurre en países como Alemania o Reino Unido.

Según el estudio, el importe correspondiente a ese Módulo, que deberían asumir las Consejerías de Sanidad de las CCAA, supondría un incremento del 16,5 por ciento en la tarifa media concertada con la administración.

La doctora Dizy ha explicado que los centros residenciales de mayores ofrecen un servicio integral de atención que comprende alojamiento y manutención, atención social y atención sanitaria.

Las residencias cuentan con servicios sanitarios tanto por necesidad como por exigencias, en muchos casos, de las propias Consejerías de Servicios Sociales, lo que no significa que exista una contraprestación económica a cargo de los presupuestos públicos, señale el informe.

El estudio se ha hecho sobre 180 centros residenciales privados para personas mayores, que gestionan un total de 26.777 plazas, con un porcentaje medio de ocupación del 83,4% y representatividad en las 17 CCAA.

No obstante, Dizy ha precisado que los datos sólo tienen validez a nivel nacional y no se pueden extrapolar a una determinada autonomía porque existen "grandes diferencias" ente ellas tanto en los costes como en las tarifas concertadas, que son fijadas por las propias consejerías.

La autora ha explicado que de total de plazas ocupadas, un 53,9% son privadas -el usuario paga la totalidad de los servicios que recibe- y el 46,1% concertadas -reciben financiación pública a través de la tarifa concertada con la administración correspondiente y cuentan también con el copago del residente.

Más de dos terceras partes de las plazas están ocupadas por personas con grado de dependencia grande o severo (nivel II y III) ha señalado Dizy.

Si se tienen en cuenta solamente las plazas concertadas, los grandes dependientes y dependientes severos son cuatro de cada cinco.

El estudio constata que el coste total sin IVA de una plaza en un centro residencial privado de atención a personas mayores dependientes se sitúa como media en 70,89 euros por estancia y día, de los que 8,92 euros corresponden a la atención sanitaria.

Este último coste se ha calculado teniendo en cuenta exclusivamente los gastos de personal sanitario, que incluye médico, DUE (Diplomado Universitario en Enfermería), coordinador DUE, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y psicólogo.

Dicho coste representa un tercio del coste total de personal de atención directa y los dos tercios restantes corresponden a los que se dedican a tareas de atención social y a la dependencia y de rehabilitación.

Esto supone, según el estudio, que más de la mitad del coste total por plaza se destina a cubrir dos necesidades: las de atención sanitaria y las de atención social y a la dependencia.

A la luz de estos resultados, la Fundación Salud&Vida recomienda profundizar en la coordinación sociosanitaria, la colaboración público-privada y una revisión de las tarifas vigentes para adecuarlas a los servicios que se prestan.

Además, han solicitado una mayor participación de los beneficiarios a través de copago, la acreditación de servicios por grado y nivel de dependencia y la no asignación de prestación económica la cuidador familiar cuando se trate de gran y severa dependencia.