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La Audiencia investigará el asesinato de jesuitas en El Salvador

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La Audiencia Nacional admitió el martes a trámite una querella presentada contra 14 militares salvadoreños por la muerte de seis jesuitas, su ama de llaves y su hija en 1989, aunque rechazó la referida al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani por el supuesto intento de encubrimiento de los asesinatos.

cinco de los cuales eran españoles - es una de las más conocidas en la sangrienta guerra del país entre 1980 y 1992.

"En lo que hace referencia a la imputación contra (...) Alfredo Cristiani, no ha lugar a su admisión, sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen, porque además de carecer de base indiciaria suficiente, no se le ha imputado participación en crímenes terroristas o de otra naturaleza de persecución universal, sino un supuesto delito de encubrimiento, por el que (...) tiene su persecución excluida", dijo la Audiencia en un auto.

La justicia española, con el argumento de que los crímenes contra la humanidad puede ser perseguidos en cualquier parte, ha abierto en los últimos años importantes casos contra acusados de delitos contra los derechos que escaparon a la acción de la justicia en su país, incluido el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que evitó por poco la extradición a España en 2000.

En El Salvador, los acusados estarían protegidos por una Ley de Amnistía que salvaguarda a los antiguos participantes en el conflicto salvadoreño.

La querella sostiene que uno de los acusados, el general René Emilio Ponce, ordenó el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría, que había culpado de los males del país a la injusticia social y pedido el final negociado del conflicto.

Ponce ordenó a sus hombres no dejar a ningún testigo con vida, dijo el texto de la querella.

En las primeras horas del 16 de noviembre de 1989, según la Comisión de la Verdad patrocinada por Naciones Unidas, un grupo de soldados entró en el campus de la Universidad Central Americana (UCA) donde Ellacuría trabajaba como rector y se dirigieron al centro pastoral.

Una vez allí, ordenaron a Ellacuría y a otros cinco sacerdotes jesuitas tumbarse boca abajo en el suelo para dispararles acto seguido. También mataron al ama de llaves de los curas y a su hija de 13 años.

Después, los soldados dejaron una nota atribuyendo el ataque a las guerrillas izquierdistas del FMLN.

Los asesinatos, al igual que la muerte del arzobispo Óscar Romero y la violación y asesinato de un grupo de monjas estadounidenses en 1980, atrajo la atención internacional y supuso una gran presión para el Gobierno salvadoreño.

La guerra acabó en 1992. Después de una investigación criminal, dos oficiales fueron condenados por las muertes de los jesuitas y encarcelados, aunque fueron liberados poco después por la Ley de Amnistía aprobada en 1993.