La Audiencia Provincial de Madrid ha aplazado hasta el próximo 25 de marzo su decisión sobre la celebración del juicio del "caso del ácido bórico", a la espera de conocer los argumentos del Tribunal Supremo sobre la sentencia del "caso Atutxa", que previsiblemente se conocerá la próxima semana.

Así lo ha anunciado el presidente de la sección quinta de este tribunal después de que el fiscal, la abogada del Estado y la defensa pidieran el archivo de la causa, en aplicación de la "doctrina Botín" del TS, que limita el papel de las acusaciones populares en los procedimientos abreviados, y que el alto tribunal decidió no aplicar al ex presidente del Parlamento vasco.

Las acusaciones populares de este caso, ejercidas por la AVT, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y el sindicato Manos Limpias, han solicitado la celebración de la vista oral, recordando que el fallo del Supremo respecto a Atutxa ha sido condenatorio pese a que la acusación sólo la ejercía una acción popular (Manos Limpias), igual que ocurre en este proceso.

El presidente, Alberto Jorge Barreiro, ha explicado que "sería un absurdo" acordar en este momento el sobreseimiento y que, posteriormente, una segunda sentencia -la del "caso Atutxa"- considerara "comprensible" la celebración del juicio.

La sala no cree "razonable" adoptar una decisión siguiendo el criterio de una sola sentencia: la del caso Botín, que estableció que en las causas que se tramitan como procedimiento abreviado no se pude abrir juicio oral si es sólo la acusación popular la que lo pide.

En la vista de hoy han estado presentes los cuatro acusados, que supuestamente manipularon un informe elaborado por tres peritos que relacionaba ETA con el 11-M a partir del hallazgo del ácido bórico en el domicilio de uno de los condenados por los atentados.

Los procesados, el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; el secretario general de la Comisaría General de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, y el jefe de la sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez, se enfrentan a penas de entre 6 y 9 años de cárcel y de entre 6 y 18 de inhabilitación.

Las acusaciones les imputan presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio, y a Santano le imputan además un delito de encubrimiento.

En las cuestiones previas, el fiscal ha pedido que se archive la causa con el criterio aplicado por el TS en el caso de las cesiones de crédito que afectaba al presidente del Banco Santander, a lo que se ha adherido la abogada del Estado.

La defensa de los acusados ha considerado que al no existir una "acusación válida, para evitar intereses espurios", lo razonable sería el archivo.

Para el letrado, las acusaciones populares están "suplantando" el papel del Ministerio Fiscal y cree que el interés de las acciones populares, cuando son ejercidas por asociaciones, debe corresponderse con un "interés asociativo" que guarde relación con los hechos denunciados.

Por su parte, el letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, ha defendido que sus clientes son "perjudicados directos" del delito objeto de la causa, ya que son víctimas de los atentados de Madrid y "se merecen una investigación policial limpia, sin ningún tipo de manipulación, ni falsificación".

Han coincido con él los abogados de la AVT y de Manos Limpias, que han exigido el derecho a un juicio justo para las víctimas del 11-M y a saber toda la verdad.