La Audiencia Nacional comenzará a juzgar el próximo martes por integración en organización terrorista a cinco directivos del diario Egunkaria, clausurado en 2003 por el juez Juan del Olmo, que consideraba que la empresa estaba subordinada a ETA, tesis que no comparte la Fiscalía, que no ha presentado acusación.

Serán por tanto las asociaciones Dignidad y Justicia y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) las única acusaciones populares personadas en el juicio, donde se sentarán en el banquillo Marcelo Otamendi -último director del diario-, Ignacio María Uria Manterola, Juan María Torrealdai, José María Auzmendi y Javier Oleaga.

Los cuatro primeros acusados se enfrentarán a una petición de 14 años de prisión y 15 de inhabilitación en calidad de dirigentes, mientras que para Oleaga reclaman 12 años de cárcel y 14 de inhabilitación.

La Fiscalía no acusa porque considera que no se ha acreditado que el diario Euskaldunon Egunkaria haya servido para financiar a ETA o para blanquear capitales procedentes de la banda, ni que el diario y los procesados hayan servido a los fines de la organización terrorista o hayan legitimado sus acciones.

Sin embargo, Dignidad y Justicia sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que la creación en 1990 del periódico, editado íntegramente en euskera, se atribuye a ETA "para reforzar su frente de lucha mediático, en el marco de actuación del conjunto de organizaciones de la izquierda abertzale".

Para argumentar su acusación, la asociación presidida por Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, recurre a varios documentos intervenidos a la dirección de la banda entre 1990 y 1993 que, a su juicio, demuestran la vinculación económico-financiera entre la organización terrorista y el periódico.

Entre los documentos "clandestinos" y con un lenguaje "encriptado", señala el escrito, figuran varios relativos a nombramientos de directores, consejeros delegados o a la búsqueda de financiación para el diario en Sudamérica.

Así, cita el documento titulado "Comisión de Proyectos Udaletxe" que se incautó a la cúpula de ETA desarticulada en Bidart en 1992 y que indicaba que Egunkaria era uno de los proyectos de financiación de las ahora ilegalizadas Batasuna, KAS y Gestoras Pro Amnistía.

En concreto, el periódico aparecía en el quinto grupo, junto al diario Egin y su editora Orain -que proporciona sus talleres y rotativas a Egunkaria-, la empresa Antza -que facilita la infraestructura y maquinaria para la edición-, Apika Ordenadores, Argia editorial y Txalaparta editorial.

Dignidad y Justicia añade que al miembro del aparato político de ETA José Domingo Aizpurua, "Pitxas" o "Txomin", se le incautaron dos documentos tras su detención en Francia en 1991 titulados 'Egunkaria Urriak 26' y '10-4 Azaroak 12', en los que se habla de la problemática que supone hallar un director para el periódico.

Según precisa, en el primero se consignan "los pros y los contras" de nombrar como director a Joserra García -que trabajó en el clausurado diario Egin-, de quien se dice que "no es nuestro aunque se amolda bien con nuestra gente", y "que podría ser arriesgado si se desmarca de aquí a un tiempo".

Además, el documento añade que, "siendo mala salida, sería mejor que P.Zubiria (Pedro) o algún otro de Argia por lo menos en esta primera fase".

Para la asociación, estos documentos prueban la intervención de ETA en Egunkaria mediante el control de la financiación del proyecto, de su dirección mercantil y de su línea editorial, todo ello "a través de las empresas mercantiles relacionadas y la instrumentalización por parte de ETA".

Aunque en 2007 la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó la apertura de juicio oral para siete responsables del diario, el pasado julio retiró del procedimiento a Xabier Alegría y a Pedro Zubiria, ya que el primero está condenado en el sumario 18/98 por integración terrorista, y para el segundo ha prescrito el delito pues dejó de trabajar en Egunkaria en 1991.

El tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha señalado la vista para el martes y el miércoles, tras lo que reanudará el juicio después de las Navidades.