Publicado: 04.07.2012 12:00 |Actualizado: 04.07.2012 12:00

La Audiencia Nacional imputa a Rato por el agujero de Bankia

El juez Fernando Andreu ve también indicios de delito en el exministro de Interior Ángel Acebes y en otros 32 altos cargos de la entidad

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado hoy el primer paso en lo que puede ser un largo calvario judicial para Rodrigo Rato por su gestión al frente de Bankia. El magistrado ha admitido a trámite la querella planteada por Unión Progreso y Democracia (UPyD) contra el banco y ha citado en calidad de querellados e inculpados a 33 consejeros y exconsejeros, entre ellos, además de Rato, el exministro de Interior, Ángel Acebes y el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, según un auto hecho público hoy. (Pincha aquí para ver el auto).

Además, también están imputados el presidente de la CEIM, Arturo Fernández Álvarez, el exsecretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga y exaltos cargos del PP madrileño como Jesús Pedroche, Mercedes de la Merced o Ricardo Romero de Tejada, este último exalcalde de Majadahonda y vinculado a la trama de corrupción Gürtel.

Asimismo, el juez cita como testigos al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el socio de Deloitte que firmó la auditoría del banco, Francisco Celma, el actual presidente de la CNMV, Julio Segura, y al representante legal de la comisión rectora del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El juez cita como testigo al exgobernadordel Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez Además, el juez ha fijado para el 23 de julio una vista para decidir si procede la intervención judicial de Bankia y el BFA solicitada por el querellante UPyD. La Fiscalía, que como el partido político citado, será convocada a esa vista, se opone a la medida de intervención. La última palabra la tendrá el juez.

La querella presentada por UPyD acusa a los consejeros de Bankia y de Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la matriz del banco recientemente nacionalizada, de delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y delitos societarios, que habrían sido cometidos durante el proceso de formación de Bankia y en su salida a Bolsa.

La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito conocido hoy, ha apoyado la admisión a trámite de la querella y la competencia para investigar la causa por la Audiencia Nacional, ante la grave repercusión que los hechos denunciados implicarían para la economía del país. Los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol subrayan el deterioro de la situación de Bankia cuando pasó, en un brevísimo lapso de tiempo, de declarar unos beneficios de 305 millones de euros a reconocer pérdidas por 2.979 millones.

Añade el Ministerio Público que Bankia ha recibido aportaciones públicas por valor de 4.465 millones de euros, y recientemente ha solicitado otros 19.000 millones, por lo que el coste inicial para el erario público del 'agujero' del banco era de 23.465 millones de euros. El fiscal describe a Bankia como el cuarto banco más grande de España, con 11 millones de clientes, por lo que su eventual quiebra "podría desestabilizar todo el sistema financierto del país".

Sin embargo, los fiscales no han apoyado la citación de los querellados ni testigos en este momento del procedimiento, al entender que primero debía examinarse toda la documentación reclamada a la CNMV, los bancos y cajas concernidos, el Banco de España y el FROB. Entienden que la pertenencia a los consejos de Administración de Bankia o BFA basta para una imptutación genérica, pero que la individualización de los delitos se ha de hacer tras examinar los documentos reclamados.

En ese sentido, fuentes próximas al Juzgado señalan que, a la vista de las declaraciones de los querellados, se acordará la imputación de los delitos que, indiciariamente, correspondan. De los apuntados en la querella, el juez aprecia indicios de los de falsedad de las cuentas anuales y balances; administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas, y apropiación indebida en relación a las prejubilaciones y blindajes "auto-concedidos" por los consejeros de las cajas. 

Por otro lado, el resto de consejeros de Bankia o BFA que serán citados como imputados son Francisco Verdú Pons, José Manuel Fernández Norniella, Carmen Cavero (cuñada del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González), Alberto Ibáñez González, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora Enguídanos, José Antonio Moral Santín, Francisco Juan Ros Martín, José Manuel Serra Peris, Milano Soto Rabanos, Antonio Tirado Jiménez, Francisco Pons Alcoy, Francisco Baquero Noriega, Pedro Bedia Pérez, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Jorge Gómez Moreno, Agustín González, Remigio Pellicer, José María de la Riva, Mercedes Rojo-Izquierdo, Juan Manuel Suárez del Toro y Angel Villanueva.

Andreu reclama a Bankia copia de las actas de las reuniones de su Consejo de Admnistración celebradas desde el 3 de diciembre de 2010 (fecha de constitución del Banco Financiero y de Ahorros) hasta la actualidad, y copias de las actas, documentos o informes que justificaron las sucesivas peticiones de ayuda al FROB.

El auto exige también a cada una de las las siete cajas de ahorro que formaron el Grupo Bankia/BFA que comuniquen todas las operaciones de crédito, aval o garantía que hicieron, directa o indirectamente, en favor de miembros de su Consejo de Administración, personal directivo, familiares en primer grado, y partidos y grupos políticos con representación en las corporaciones locales y asambleras legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente caja. Y añade que deben especificar el estado actual de esos créditos.

Asimismo, reclama a estas cajas que comuniquen, si desde el 1 de enero de 2008, han existido o existen cláusulas de blindaje o garantía para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal clave de dirección y miembros del Consejo de Administración, debiendo remitir copia de las mismas.

Del mismo modo, el juez pide que manden los planes de prejubilación o cualquier otro sistema de previsión para los directivos, junto al importe desglosado de las aportaciones a pagos por indemnizaciones por cese, seguros de jubilación o pensiones, así como retribuciones de cualquier naturaleza abonadas a los consejeros y directivos.

A la la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se le reclama, entre otros documentos, la resolución motivada por la que se aprobó la salida a Bolsa de Bankia a pesar de que la misma no cumplía con el requisito de disponer de cuentas anuales auditadas los tres últimos ejercicios. Al Banco de España, le solicita el plan de capitalización de Bankia de 31 de enero de 2012, y otros informes, al igual que pide varios datos al FROB.

El juez exige una fianza de 20.000 euros a UPyD para ejercer como parte acusadora en el procedimiento.Contra el auto cabe recurso de reforma ante el propio Juzgado Central de Instrucción número 4 en el plazo de tres días, o recurso de apelación directamente ante la la Sala de lo Penal de la Audiencia en cinco días.

Fuentes de Bankia señalaron a Público.es que está a plena disposición de la justicia y que colaborará con todo aquello que le sea reclamado tanto por el juez Andreu, encargado del caso.