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La Audiencia Nacional investigará las conexiones entre las FARC y ETA

El juez Eloy Velasco ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía para iniciar la investigación después de los datos obtenidos en el ordenador de Raúl Reyes, número dos de las FARC

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía para investigar las conexiones entre las FARC colombianas y ETA, después de la información obtenida en el ordenador de Raúl Reyes, 'número dos' de las FARC muerto en una operación militar contra la guerrilla el pasado mes de marzo en Ecuador.

Según fuentes jurídicas, ahora el magistrado deberá estudiar la petición de la Fiscalía de detener a cinco etarras que habrían impartido formación a integrantes de las FARC. De todas maneras, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha solicitado informes a la Policía y Guardia Civil para que concreten los hechos denunciados por el Ministerio Público.

Hace dos semanas, la Fiscalía solicitó al magistrado la detención de cinco etarras asentados en Venezuela y Colombia por colaborar con las FARC y su ingreso en prisión incondicional. El fiscal Vicente González-Mota acusa a Martin Capa -cuya auténtica identidad se desconoce-, a Iñaki Domínguez Atxalandaburo, José Ignacio Echarte Urbieta, José Angel Urtiaga Martínez y Arturo Cubillas Fontán de los delitos de pertenencia en grupo terrorista, colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas.

Según recoge la querella, de la documentación intervenida a miembros tanto de ETA como de las FARC, ambas organizaciones mantienen una colaboración desde 1993. Esa colaboración, según el fiscal, se centra tanto en el marco de contactos entre responsables de ambas organizaciones como en la realización de cursillos sobre el manejo de explosivos, que habrían impartido tanto militantes de ETA a milicianos de las FARC como a la inversa.

La colaboración de ETA con las FARC se extendió, según González- Mota, a la celebración de cursos en Colombia entre julio y mediados de agosto de 2003, donde al menos cuatro militantes habrían recibido formación para el manejo de explosivos y habrían solicitado colaboración de ETA para localizar en España al ex presidente de Colombia Andrés Pastrana, así como a la embajadora de Colombia en España, Noemí Sanín, y otra serie de cargos políticos y militares.

La finalidad era cometer un atentado contra ellos, bien en España, bien en otro país de la Unión Europea. Ahora la Fiscalía quiere que se investigue qué miembros de ETA recibieron los cursos, si la banda obtuvo la información de los objetivos de las FARC y si la suministraron con un propósito criminal.

Según recoge la querella, Martin Capa e Iñaki Domínguez impartieron en la selva colombiana en agosto de 2007 un curso a 13 miembros de las FARC sobre el manejo de explosivos. El curso duró veinte días impartiendo los querellados sesiones teórica y práctica sobre el manejo del explosivo C4, con un efecto más destructivo que la dinamita.