Publicado: 27.04.2014 09:52 |Actualizado: 27.04.2014 09:52

La Audiencia Nacional revisará la excarcelación de 28 narcos por la reforma de la justicia universal

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El pleno de la Audiencia Nacional revisa mañana la puesta en libertad de ocho narcos sirios como consecuencia de la reforma de la justicia universal y la posible excarcelación de otros 20 acusados pendientes de ser juzgados por delitos de tráfico de drogas a los que también podría favorecer la nueva norma. Esta será la primera vez que los 18 magistrados que integran el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronuncien acerca del alcance de la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha limitado la aplicación de la justicia universal.

En concreto, estudiarán si fue procedente la liberación por orden del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de ocho presuntos narcos sirios detenidos el 17 de marzo de 2013 en un barco con bandera de Sierra Leona en el mar de Alborán con 12 toneladas de hachís con destino a Orán (Argelia). Esos ocho excarcelados se unieron a otros ocho narcos egipcios que días antes puso en libertad su colega Fernando Andreu, y pese a que esta última cuestión aún no ha sido elevada al pleno y los magistrados no tendrán que pronunciarse al respecto, lo que decidan sobre los liberados por Gómez Bermúdez podría ser extrapolable a esa otra causa.

Esta misma semana, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, justificaba en el Congreso la excarcelación de esos 16 narcotraficantes, al defender que "no existe ningún país en el mundo" que juzgue delitos que no tienen que ver con ellos. En esa misma reunión del pleno, que se celebrará a partir de las 17.00 horas a puerta cerrada, los magistrados analizarán también dos cuestiones planteadas por la sección segunda de la Sala de lo Penal respecto a sendas causas que afectarían a otros 20 presuntos narcotraficantes que se encuentran en prisión a la espera de juicio.

Se trata, por un lado, de trece marroquíes que estaban a punto de ser juzgados y que fueron detenidos en un barco sin pabellón interceptado el 31 de mayo de 2013 en el mar de Alborán con 16 toneladas de hachís con un destino que no era España. La Fiscalía Antidroga pide para cada uno seis años y dos meses de prisión por un delito contra la salud pública. El otro caso se refiere a siete sirios apresados el 28 de septiembre de 2013 en alta mar en un barco con bandera de Sierra Leona llamado Moonlight con 479 fardos de pastillas de hachís cuando se encontraba a 32 millas de Casteldeferro (Granada) y cuyo destino era Alejandría (Egipto).

El debate de estas cuestiones se centrará en determinar si los tratados internacionales, en este caso la Convención de Viena contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, prevalecen sobre la reforma de la ley de justicia universal. Para evitar las excarcelaciones de narcos, Antidroga pidió a Andreu y a Gómez Bermúdez que aplicaran el artículo 17 de la Convención, que establece la necesaria cooperación entre los estados signatarios para eliminar el tráfico ilícito por mar.

Los jueces de instrucción determinaron que tras la reforma la competencia de la justicia española solo sería posible cuando los hechos se hubieran producido a bordo de un barco con bandera española, el procedimiento se dirigiera contra un español o el grupo criminal fuera a cometer el delito en España, lo que no sucede en estos casos. Respecto a la Convención de Viena determinaron que no era aplicable en estos casos porque no establece la jurisdicción de los tribunales de los estados en la investigación de este tipo de hechos.

El pleno tiene aún pendiente pronunciarse acerca del alcance de otros tratados internacionales, como los Convenios de Ginebra o la Convención contra la Tortura, que impiden a juicio de magistrados de la Audiencia Nacional el archivo de las causas de justicia universal que propugna la nueva norma. El primero en invocarlos fue el juez Santiago Pedraz en relación con el caso Couso, sobre el asesinato en Irak del cámara José Couso en 2003, causa que se negó a archivar apoyándose en la IV Convención de Ginebra, a lo que el fiscal se ha opuesto ya que compete únicamente a la Sala de lo Penal determinar si cabe o no el archivo.

En contestación al último recurso del fiscal, que deberá ser resuelto en un próximo pleno, Pedraz observó contradicciones entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la de Antidroga a la hora de aplicar convenios internacionales.