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Aumenta la presión sobre el Gobierno de facto de Honduras

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El Gobierno de facto hondureño se enfrentaba el martes a un fuego cruzado, mientras la comunidad internacional y algunas fuerzas que apoyaron el golpe de Estado exigían dar marcha atrás con la suspensión de las libertades civiles y pedían diálogo.

La primera fisura en el apoyo interno al Gobierno interino surgió el lunes, cuando diputados de los partidos Liberal y Nacional -que habían respaldado el derrocamiento de Zelaya a fines de junio- pidieron al presidente de facto, Roberto Micheletti, que afloje la restricción de libertades.

El mandatario de facto suspendió el domingo por decreto la libertad de asociación y movimiento -algo que sirvió a las autoridades para abortar las marchas de protestas contra el Gobierno de facto- y también la libertad de prensa, lo que les permitió allanar y cerrar a dos medios pro-Zelaya.

Las fuerzas de seguridad mantenían rodeada por octavo día la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde Zelaya se refugió el lunes de la semana pasada tras entrar en secreto al país para reclamar el poder.

El sábado, el Gobierno de facto dio un ultimátum de 10 días a Brasil para que entregue a Zelaya o le dé asilo y lo saque de Honduras, agudizando la peor crisis política en América Central en décadas.

Zelaya dijo el martes que es necesario evitar que el golpe en su contra quede como precedente en América Latina.

"Si en Honduras no se revierte este golpe, todos los presidentes tendrán que poner las barbas en remojo porque pondrán ser destituidos cada vez que una élite económica, militar, quiera hacerlo en forma violenta", dijo Zelaya a la cadena venezolana Telesur.

Zelaya y Micheletti coquetearon la semana pasada con el diálogo, pero la situación se estrelló contra el obstáculo insuperable de restituir al presidente derrocado, algo que reclama toda la comunidad internacional desde hace tres meses.

Micheletti se niega a restituir a Zelaya y busca arrestarlo por supuestamente violar la Constitución al insistir en realizar una consulta popular que abriera paso a la reelección presidencial, según sus detractores influenciado por el presidente venezolano, Hugo Chávez.

Uno de los hombres de confianza de Micheletti, el general Romeo Vázquez, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y quien derrocó a Zelaya a punta de rifle expulsándolo a Costa Rica, dijo el martes que hay que tener una postura más abierta y flexible.

La suspensión por decreto de las garantías constitucionales diluyó una marcha de partidarios de Zelaya el martes, a la que sólo asistieron unas 100 personas que fueron seguidas de cerca por policías antimotines.

El Gobierno de facto reprimió violentamente la semana pasada varias manifestaciones a favor de Zelaya, con un saldo de al menos dos muertos.

ASPIRACIONES DEMOCRÁTICAS

El decreto de Micheletti, declarando una suerte de estadio de sitio, hizo que la comunidad internacional pusiera el grito en el cielo.

"Estoy muy preocupado sobre el desarrollo de la situación en Honduras. Un estado de emergencia ha incrementado las tensiones", dijo el martes el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en rueda de prensa.

En la tarde del lunes, legisladores de los partidos Liberal y Nacional pidieron a Micheletti que derogara las medidas. El presidente de facto respondió que consultaría con el Tribunal Supremo.

"Las libertades inherentes en los derechos suspendidos son inalienables y no pueden ser limitadas o restringidas sin dañar seriamente las aspiraciones democráticas del pueblo hondureño", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly.

El embajador estadounidense en Honduras, Hugo Llorens, dijo que el Gobierno de Barack Obama sigue apostando por el acuerdo de San José, una propuesta de Arias que tiene como punto principal la restitución de Zelaya.

"Nosotros pensamos que la solución de Honduras no debe ser una solución impuesta por Estados Unidos, ni sudamericana (...) Creemos que la propuesta que está en la mesa, que es el acuerdo de San José, es la llave para la solución", dijo el diplomático a la radio hondureña HRN.

El presidente costarricense, Óscar Arias, quien intentó mediar sin éxito en julio para solucionar la crisis, dijo que los candidatos presidenciales a las previstas elecciones de noviembre deben participar más para que se abra el diálogo.

"Los más interesados en que este problema se resuelva (...) deben ser los próximos candidatos (...) alguno de ellos será el próximo presidente de Honduras", dijo Arias a CNN.

El presidente de la influyente Asociación Nacional de Industriales, Adolfo Facussé, propuso el martes la restitución simbólica de Zelaya, que estaría bajo arresto domiciliario.

"Básicamente, lo que estamos proponiendo es tener un presidente de nombre y un consejo de ministros mandando en el periodo que falta para las elecciones", programadas para el 29 de noviembre, dijo el empresario a periodistas.

Su iniciativa incluye además el despliegue de una fuerza de seguridad internacional integrada por Canadá, Colombia, México y Panamá.

EXIGEN RESPETO A LA EMBAJADA

Mientras tanto, sigue corriendo el plazo de 10 días que las autoridades dieron a Brasil para que conceda asilo político a Zelaya o lo entregue a la justicia.

Brasil rechazó el ultimátum y alertó sobre el riesgo de un allanamiento en la embajada, después de que el Gobierno de facto amenazara con quitarle su estatus si Zelaya no la abandona.

Sin embargo, el canciller brasileño, Celso Amorim, pidió a Zelaya que reduzca el número de simpatizantes que lo acompañan dentro de la embajada. De acuerdo con el funcionario, había actualmente unos 60 hondureños en la embajada.

Naciones Unidas también mostraron su preocupación por el respeto a la sede diplomática.