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Las autonomías asumirán la segunda fase del tijeretazo

Habrá recortes en el gasto social, en manos de las comunidades. "El Gobierno sabe lo que tiene que hacer", afirma Rajoy en su reaparición en Andalucía

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De los 16.500 millones de euros a los 40.000 hay un trecho. La primera cifra la dio Mariano Rajoy en su discurso de investidura. Se trataba del previsible recorte que su Gobierno iba a tener que acometer para cumplir el déficit público. Este pasó del 6% al 8,2% y el jefe del Ejecutivo estimó que el tijeretazo sería más del doble. Entre ambos datos transcurrieron 22 días.

El pasado 30 de diciembre, el Consejo de Ministros comenzó con los ajustes. Para empezar, con una subida de impuestos, del IBI y del IRPF, con la que se pretende obtener 6.200 millones de euros. Llamaron 'recargo temporal de solidaridad' a una decisión que afecta a las clases medias y no a las grandes fortunas.

Las medidas dolieron. Pero no será nada comparado con lo que está por venir. Ya dijo Rajoy en la apertura de las Cortes que las iniciativas más duras llegarían en marzo, coincidiendo con la presentación del proyecto de Presupuestos. Para entonces, habrá que redu-cir 25.000 millones de golpe.

En el PP se resisten a decir cómo lo harán. En cuanto se les pregunta, recurren a la poda de la Administración Pública y hablan de 'evitar duplicidades'. Saben que con ello no se resuelve el problema.

El Estado tendrá que hacer encaje de bolillos. 'Realmente ya se ha quedado temblando', dice un miembro del Ejecutivo. Varios compañeros suyos recuerdan que hace tan sólo unos días se aprobó un acuerdo de no disponibilidad por valor de 8.900 millones que afectará a distintos departamentos. Sobre todo a Exteriores, Fomento, Industria y Economía, donde se reduce su presupuesto en más de mil millones.

No se descarta que Rajoy suba el IVA y se paralice la inversión pública

Los conservadores están seguros de que Rajoy no tiene intención de tocar el seguro de desempleo ni las pensiones. Creen que lo que más se va a resentir es el capítulo de la inversión pública. 'Todo se va a quedar parado', comentan. Y que, si hay privatizaciones, estas serán parciales, con el fin de hacer algo de caja. Pero no completas, porque por la situación actualpiensan que se vendería 'mal'.

A la hora de arañar, muchos apuntan hacia la reducción del número de altos cargos y asesores o el cierre de organismos, entes y empresas públicas. Rajoy siempre destaca que hay más de 4.000 en toda España. Pero no bastará. Llegará un momento en el que dejarán de mirar hacia dentro y tendrán que buscar ingresos.

En la rueda de prensa del 30 de diciembre, un ministro dijo en el corrillo de periodistas que las caras de sus compañeros de Gabinete habían sido las de un auténtico funeral. Hubo quien recordó a la ministra italiana de Trabajo, Elsa Fornero quien se puso a llorar cuando el primer ministro, Mario Monti, anunció severas medidas de austeridad y no descartó que la vicepresidenta se vea en esa situación en unos meses.

Los barones del PP, preocupados por la impopularidad que están ganando

La derecha podría argumentar que, ante situaciones extraordinarias, se requieren iniciativas acordes y declarar que se ve 'obligada' a revisar algunos impuestos. No hay mucho margen para los especiales. Y todo el mundo mira hacia el IVA. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo, cuando estaba en la oposición, que él no lo iba a subir 'lo dijera quien lo dijera'. Y Rajoy afirma que no está en sus previsiones, porque con ello habría un aumento de los precios. Pero también se pasó años negando que fuera a elevar los tributos para hacerlo nada más llegar al poder.

En el Ejecutivo, hay quien reconoce que todo está abierto y que, si Europa entra en recesión, se podría modificar el planteamiento. Esta fuente resalta, además, que se estará 'a lo que diga Bruselas' y que esta persigue una política fiscal común. Es cierto que de lo que se está hablando es de que todos los países tengan las mismas reglas a la hora de elaborar sus Presupuestos, pero también se podrían encaminar los pasos hacia un acercamiento impositivo. Y el Gobierno de Rajoy lo podría utilizar para variar su discurso.

Lo que está claro es que, con la última subida del IVA, el Gobierno socialista recaudó más de 5.000 millones y es una fórmula que no se puede desechar. Desde el PP también se destaca que habrá que estar pendientes del debate que hay en Europa sobre la eliminación del tipo superreducido por afán recaudatorio.

De momento, no hay previsión de ingresos ni la habrá hasta que no se pueda elaborar un cuadro macroeconómico y se tenga la proyección de crecimiento. Algo con lo que no se prevé contar hasta mediados de febrero.

De lo que nadie quiere hablar es de educación, sanidad y servicios sociales. Dicen que suena a dar 'malas noticias'. En la Moncloa sostienen que serán realmente las comunidades quienes tengan que proceder en este terreno. Todos los gobiernos autonómicos han ido limando sus cuentas, pero aún queda camino por recorrer y saben que estas son las partidas a las que más destinan. 'El 80% de media va a gasto social', cuenta un alto cargo del PP. 'Y toda la pérdida de financiación del modelo autonómico va a impactar en el Estado del bienestar. El bache lo van a pagar ellas', asegura. Desde las comunidades se mantiene que se garantizarán las prestaciones, pero se irá revisando todo con lupa.

'Siempre podemos seguir eliminando fundaciones', comenta un consejero autonómico que seguirá rascando. Es consciente de que con ello cada vez hay más gente que se queda en la calle. A lo que se debe sumar que se ha congelado el empleo público y que ser interino ahora es como una lacra, porque no se quiere a ni uno.

El Gobierno admite que el acuerdo de no disponibilidad deja al Estado

Rajoy ha reconocido que el déficit se ha desbocado por la desviación de las autonomías. Y a ellas les deja gran parte del trabajo. Así, él tendrá que asumir los costes de una reforma laboral o una reestructuración del sistema financiero que no guste a todo el mundo. Pero las medidas más impopulares las afrontarán realmente sus barones tocando las áreas más sensibles. Habrá un paquete de servicios básicos y en todo lo demás tendrán que ahorrar. La mayoría tiene ya en marcha sus ajustes, pero no se descartan revisiones. En el Gobierno central ven a todos siguiendo la estela de las iniciativas puestas en marcha por la Generalitat de Catalunya.

Algunos reconocen que la situación se está complicando y el desgaste va a ser tremendo. El viernes, delegados sindicales irrumpieron en varias sedes de consellerías valencianas para protestar contra el decreto ley de recortes del Consell, que consideran una 'agresión' al personal y servicios públicos. La situación en el País Valencià es muy tensa, porque la agencia de calificación Moody's rebajó además esta semana su nota de solvencia dos escalones. Al PP no le sirve allí de nada la excusa de que la culpa es de los socialistas, porque lleva gobernando varias legislaturas.

También la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se enfrenta a su segunda huelga de funcionarios el 29 de febrero. Esta presentará el martes sus cuentas ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se las aprueben. No hay que olvidar las protestas de profesores en Madrid en contra de los recortes educativos de Esperanza Aguirre. O cómo está de encendida la sanidad en Catalunya con las decisiones adoptadas por CiU. 'Ya llegan a escupirte por la calle', confiesa un consejero.

Esa bomba de relojería repleta de malestar es la que Rajoy quiere combatir a base de mucha pedagogía. Es lo que pide a los suyos que pongan en práctica cuando él ni siquiera sale a dar explicaciones. Ayer acudió a Málaga a un acto de partido con la vista puesta en las elecciones andaluzas y no quiso entrar en polémicas.

Tras conocer la rebaja de la calificación de la deuda española por Standard & Poor's, se limitó a señalar que 'el Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer para mejorar la reputación de España'. Montoro dijo: 'nuestro país sigue estando en una situación vulnerable'. Rajoy pidió 'un esfuerzo' a los agentes sociales recordando que, si no hay pacto para la reforma laboral, 'que cada uno asuma su propia responsabilidad'. Dijo que quería 'más fusiones' bancarias y que tendrá lista la ley del emprendedores para antes del verano, infor-ma Álvaro López Millán.