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Unas autonómicas judicializadas

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No nos equivoquemos. La sentencia del Estatut no será el único asunto jurídico político que va a centrar la larga campaña electoral de las autonómicas de otoño. Lo que está claro: los partidos, que ya han comenzado a servirse de casos que están siendo investigados por la Justicia, pueden agitar durante estos meses la corrupción como uno de los asuntos favoritos.

El presidente del Gobierno quiere desactivar el tema del Estatut y su principal oferta es replantear uno de los asuntos considerados casus belli por todas las fuerzas políticas que lo han respaldado, la inconstitucionalidad del Consejo de Justicia de Catalunya, a través del cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Fuentes de Moncloa estiman que el Constitucional ha rechazado dicha iniciativa más por figurar en el Estatut que por su existencia como tal.

El fallo del Estatut no será el único asunto jurídico en la campaña catalana

Dos ejemplos a los que se echa mano son el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal aprobado en 2007 y las negociaciones emprendidas entre el Gobierno y el PP para reformar la LOPJ. En ambos casos, habida cuenta de que ya había comenzado la tramitación del Estatut, se contemplaba la existencia de los consejos de justicia autonómicos.

El Estatuto del Ministerio Fiscal contempla oír a los consejos de justicia autonómicos cuando se proceda a nombrar a los fiscales superiores en los tribunales de justicia regionales. Precisamente, esta iniciativa fue objeto de conversaciones entre el Gobierno y el PP, pero sin que el principal partido de la oposición se aviniera a apoyar la reforma finalmente aprobada.

El pasado día 2, el fiscal general del Estado, que impulsó el Estatuto del Ministerio Fiscal en el cual se contempla oír a los consejos de justicia autonómicos a la hora de nombrar fiscales superiores en los TSJ regionales, dio una pista sobre la nueva hoja de ruta de Zapatero. Según explicó, lo que el Constitucional objeta es que se configuren como órganos de gobierno judicial en los territorios. Precisamente es lo que el artículo 97 del Estatut califica como 'órgano de gobierno del poder judicial en Catalunya', actuando como 'órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial'.

En cambio, ha venido a seña-lar el fiscal, tiene encaje un consejo de justicia cuyas atribuciones no sean las de sustituir o romper institucionalmente al Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional, que impugna un tipo de consejo de justicia, abrirá la vía para configurar otro tipo de consejos. Zapatero, pues, ofrece la vía de una reforma de la LOPJ para encajar la iniciativa del Estatut.

Pero con ser el Estatut el marco general de la campaña de las autonómicas de otoño, todo indica que los temas judiciales van a ser la estrella. Sin el apoyo del PSC, por ejemplo, la comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal de CiU en el caso Palau no hubiera podido salir adelante. Y son las encuestas, desfavorables al president Montilla, las que han determinado el respaldo a esa comisión.

No obstante, la apertura de un segundo frente en el caso Palau, con la querella de la fiscalía catalana sobre el proyecto de construcción de un hotel, ha supuesto un bumerán para Montilla y el PSC, que ya se ha cobrado las primeras víctimas en el Ayuntamiento de Barcelona. A su vez, también el caso del hotel va a ser investigado en el Parlament.

La juez encargada de instruir las presuntas irregularidades del proyecto de construcción del hotel ya ha ampliado las imputaciones. Fuentes informadas señalan que la fiscalía podría decidir esta misma semana ampliar la querella inicial. Aparte de este doble caso, no hay que olvidar los de Pretoria y el de los informes encargados por la Generalitat, este último a punto de archivarse.

Las advertencias de Artur Mas a Zapatero, según esas fuentes, apuntan a disuadir al PSC a utilizar el arsenal judicial contra CiU en esta larga campaña electoral, tras el consenso de que las acusaciones de Pasqual Maragalla cuenta de las comisiones del 3% quedaron en agua de borrajas.