El Gobierno de la Cachemira india pidió hoy refuerzos al Ejecutivo central, impotente ante el recrudecimiento de la ola de violencia en la conflictiva región, donde 15 personas han muerto en nuevas protestas en los últimos cuatro días.

"El Ministerio de Interior me ha asegurado que van a estudiar nuestra petición de aumentar las fuerzas para que tengamos un número adecuado para manejar la situación", dijo en rueda de prensa en Delhi el jefe del gobierno cachemir, Omar Abdulá.

Abdulá se reunió con carácter urgente con el primer ministro de la India, Manmohan Singh, y con los pesos pesados de su Gobierno, los ministros de Finanzas, Exteriores, Interior y Defensa, con vistas a hallar la forma de "restaurar" la normalidad en la región.

El valle de Cachemira está sumido en una ola de violencia desde mediados de junio, a raíz de la muerte de un adolescente a manos de las fuerzas de seguridad en el transcurso de una manifestación, lo que llevó a una espiral de nuevas protestas y represión policial.

Desde entonces han muerto una treintena de personas en protestas antiindias -ocho de ellas, sólo ayer-, en medio de constantes toques de queda y restricciones de movimientos en las principales poblaciones, medidas que, según dijo hoy Abdulá, continuarán en vigor de forma "estricta".

Los lugareños acusan a las fuerzas de seguridad de haber asesinado a ciudadanos inocentes, aunque la Policía asegura que ha recurrido a disparos sólo tras intentar dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y cargas.

"Estamos aprisionados en una espiral de violencia en el que las protestas llevan a muertes que llevan a nuevas protestas", dijo el jefe del Gobierno cachemir, quien reconoció que "claramente" se necesita "aumentar las fuerzas" para restablecer el orden.

Cachemira lleva más de veinte años sumida en brotes de violencia esporádica que se han cobrado miles de vidas, aunque la actividad de los insurgentes que buscan la independencia del territorio o su anexión a Pakistán había decrecido en los últimos años.

Hoy, sin embargo, el ministro indio de Interior, Palaniappan Chidambaram, reconoció ante el Parlamento que la situación ha tomado "un sesgo serio en los últimos días", y el jefe del Gobierno cachemir la calificó como "extremadamente difícil".

Aunque Abdulá calificó el problema cachemir como "un asunto político", fió nuevas medidas de resolución de ese conflicto a un previo retorno de la normalidad y el cese de la ola de protestas, y pidió a la población que deje "de tomarse la justicia por su mano".

Bajo un masivo despliegue de las tropas y fuerzas de seguridad, miles de cachemires, la mayoría jóvenes y adolescentes, desafían con frecuencia los toques de queda y se enfrentan a pedradas contra los efectivos indios en las calles de las principales ciudades.

"¿Paz? Nosotros no queremos paz. Lo que queremos es una solución. La paz ha servido solo para que el Gobierno indio olvide y tape nuestros problemas y retrase las soluciones", alegó en declaraciones a Efe el líder de la separatista Conferencia Hurriyat, Umar Farooq.

Su formación, que tiene a varios de sus dirigentes encarcelados, ha llamado a sus seguidores a nuevas protestas y marchas, y Farooq auguró hoy que si la India envía más fuerzas a esta histórica región cercana al Himalaya, la situación "sólo empeorará".

Cachemira, la única región india de mayoría musulmana, es el principal contencioso entre la India y Pakistán, que se disputan su soberanía desde la independencia de ambos, en 1947, y han librado dos guerras desde entonces por el control del territorio.

Ambas potencias se han mostrado incapaces de avanzar hacia una solución satisfactoria, y la India acusa a Pakistán de ayudar a grupos de insurgentes a traspasar la fronteriza Línea de Control para cometer ataques y atentados en la Cachemira india.

"Llevamos 20 años con el mismo problema. Todo el mundo debería dar un paso adelante para llegar a algún tipo de pacto aceptable para todos", dijo a Efe el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cachemira, Nadir A. Dar.

Los toques de queda y las constantes protestas están causando a la industria local unas pérdidas diarias de unos 20 millones de dólares, según su cálculo, y daños para los dos pilares económicos regionales: la artesanía y el cultivo de manzanas.