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El aval de Estrasburgo a la ilegalización de Batasuna, clave para futuras prohibiciones

La primera sentencia dictada por un tribunal internacional sobre la ley de partidos será estudiada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado

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Fiscalía, Abogacía del Estado, magistrados y jueces. Todos coinciden en valorar positivamente lo que consideran un aval de las resoluciones dictadas desde 2003 contra partidos y agrupaciones electorales que se consideraban sucesoras de Batasuna.

Pero aun así las fuentes jurídicas consultadas señalaron que la sentencia de Estrasburgo será desde ahora la pieza clave sobre la que se basará cualquier proceso futuro de ilegalización de partidos o de impugnación de listas.

La primera sentencia dictada por un tribunal internacional sobre la aplicación española de la ley de partidos será estudiada con detenimiento tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, al ser ambos los encargados de iniciar estos procesos ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo.

No obstante, no parece que se pueda aplicar frente a Iniciativa Internacionalista, ya que al tratarse de una coalición de partidos nacida con el objetivo de concurrir a las pasadas elecciones europeas se considera que desapareció cuando estas se produjeron, ya que, además, no obtuvo ningún escaño.

Cuestión distinta es si se puede actuar penalmente —no con la ley de partidos en la mano— contra su cabeza de lista, Alfonso Sastre, contra el que se han presentado varias denuncias por sus manifestaciones al diario Gara.

Los magistrados que componen la Sala del 61 del Tribunal Supremo se mostraron satisfechos con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque, en su opinión, demuestra que el Alto Tribunal 'hace las cosas bien', informa Efe.

Por su parte, los de la Audiencia Nacional consideraron que 'legitima la lucha contra el terrorismo en España'. El que se pronunciaba así era Baltasar Garzón, que, según Europa Press, telefoneó ayer al dirigente del PP Jaime Mayor Oreja, porque cuando fue ministro de Interior, el magistrado inició la persecución del entorno de ETA bajo el criterio de que la banda no eran sólo los comandos.

Los jueces Santiago Pedraz como Fernando Grande-Marlaska destacaron que la sentencia demuestra que los tribunales españoles han respetado, de forma escrupulosa, los derechos y libertades fundamentales que son guía de todos Estado de derecho.