Publicado: 17.01.2014 07:00 |Actualizado: 17.01.2014 07:00

El Ayuntamiento adjudicó la obra de Gamonal a una empresa que debe cuatro nóminas a sus trabajadores

Arranz Acinas adeuda cerca de 6.000 euros al menos a un centenar de empleados, según los trabajadores. Se justifica escudándose en la crisis del sector, mientras el Consistorio de Burgos se resiste a dar explicaciones

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Las protestas en Gamonal siguen permitiendo sacar a la luz acontecimientos que ayudan a entender la indignación de los habitantes de Burgos, y que van más allá de los enfrentamientos registrados durante las protestas.

Los sindicatos mayoritarios y varios empleados del grupo Arranz Acinas denuncian que la empresa, una de las adjudicatarias de la polémica obra paralizada por el alcalde el pasado martes, debe cerca de 6.000 euros al menos a un centenar de trabajadores.

"Me deben 6.000 euros, pero también tienen que pagar a proveedores. Según ellos están muy mal, tienen deudas con trabajadores de varias de sus empresas", asegura a Público Álvaro, uno de sus empleados. "Tienen que pagarme cerca de 5.000 euros, me deben nóminas desde octubre", afirma Sergio, otro de los empleados de Arranz Acinas. "La semana pasada nos pagaron el 50% de septiembre, pero no somos los únicos a los que deben. A compañeros de otras constructoras [del mismo grupo empresarial] les dijeron que iban a pagarles, pero no lo hicieron", denuncia.

Ambos entrevistados han pedido ser identificados con nombres ficticios, para evitar posibles represalias de la empresa, a la que reclaman el pago de sus salarios correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, además de la paga extra de navidad. Una deuda de cuatro nóminas que aseguran afecta al menos a un centenar de los cerca de 400 trabajadores del grupo Arranz Acinas, un holding empresarial familiar con 60 años de historia que concentra 150 empresas y que durante años se ha hecho con suculentos contratos de obras públicas en Burgos.

Fuentes de la organización confirman que en los últimos dos años se han producido impagos, sin precisar el número de trabajadores afectados ni el importe al que asciende la deuda de la empresa. Para explicarse, aluden a la difícil situación de la construcción en nuestro país, insistiendo en que están cumpliendo los acuerdos contraídos con los sindicatos, con los que dicen tener "buena relación".

"Antes siempre habían cumplido perfectamente, pero llevamos aguantando esto al menos dos años. No hay trabajo, estamos haciendo reparaciones", asegura Álvaro. "Estamos justos de dinero, muy mal", sostiene, recordando que la empresa planteó un ERE de extinción pero finalmente no lo llevó a cabo. "Ha habido despidos, pero de personas que terminaron sus contratos y no fueron renovadas. Ni siquiera tienen dinero para las indemnizaciones por despido", se lamenta.

"Son ya tres años con problemas económicos, al principio hubo meses en los que no cobrábamos nada", denuncia Sergio. "Dicen que por mal que esté la crisis tienen toda la ilusión. Todavía les deben dinero por el hospital y el otro bulevar, pero además ellos deben a otros proveedores", afirma.

El Ayuntamiento ha podido adjudicar la obra al grupo Arranz Acinas porque opera a través de sus distintas empresas, y por haber tomado parte en esta UTE (unión temporal de empresas), por lo que a priori no está claro que la contratación por si misma suponga una vulneración de la normativa, al actuar las distintas empresas del grupo como entes fiscales independientes, o a través de una unión de dos constructoras.

Lo que sí está claro es que el grupo arrastra una deuda importante, y debe dinero a trabajadores de varias de sus empresas y a proveedores, algo que no ha impedido a Lacalle adjudicarle la obra. Mientras CCOO resta importancia al asunto, recordando que "es una práctica habitual contratar a empresas con pérdidas", UGT critica la pérdida de protagonismo de sus cuatro representantes en el comité de empresa y reclama explicaciones. "De manera oficial ni siquiera tenemos constancia de los impagos", lamentan. 

El Ayuntamiento regido por el Partido Popular ha ignorado por segundo día consecutivo las reiteradas peticiones de contacto de este diario. Por lo tanto, ha sido imposible preguntar a la institución que dirige Javier Lacalle por el modo en el que se decidieron las adjudicaciones, o plantear si era lógico adjudicar las polémicas obras a una empresa que en los últimos dos años ha acumulado varios impagos a los trabajadores en su historial.

Tampoco ha sido posible confirmar o desmentir la realidad descrita por antiguos trabajadores de algunas de las empresas que tuvieron relación comercial con Arranz Acinas antes de echar el cierre, asfixiadas por los problemas de un sector que no levanta cabeza desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, y por los retrasos e impagos de otras organizaciones, como la mencionada empresa.

Preguntado por si pretenden reclamar una indemnización al Ayuntamiento en caso de que suspenda definitivamente las obras, el representante de la adjudicataria se muestra cauto, recordando que la decisión no corresponde únicamente a Arranz Acinas, y señalando que esperarán a que haya algo en firme antes de pronunciarse.

Por su parte, un representante de Comisiones Obreras ha denunciado este jueves las "mentiras" del Ayuntamiento a la hora de vender la obra paralizada por las protestas vecinales. "Decían que iban a crear 300 puestos de trabajo directos en el bulevar. Para eso tendrían que entrar en una ferretería y comprar 150 picos y 150 palas, hacerlo a mano. Para hacer lo que han hecho vale con una retroexcavadora y tres o cuatro camiones. Cuando hubiera que urbanizar quizás necesitarían otra treintena de trabajadores, pero no pasarían ni de 100", asegura el representante sindical, que se muestra rotundo.

"El aparcamiento subterráneo cuesta cinco millones. Dicen que no les cuesta porque dividiendo cinco millones entre 246 plazas sale a 20.000 euros cada una. Es lo que han hecho, y es lo que piden por cada plaza. Pero si no las venden tendrán que comérselas o pagarlas con dinero público", denuncia el portavoz de CCOO.


Aunque el proyecto fue diseñado por el estudio de arquitectos MGB -propiedad de los hijos del magnate de la comunicación y constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, el Jefe, que ha sido socio de Arranz Acinas en varios proyectos municipales- la adjudicataria del bulevar de Gamonal es la UTE Calle Vitoria. Una unión temporal de empresas formada por COPSA (la entidad con más peso, según fuentes sindicales), y AROASA SL, empresa filial de Arranz Acinas.

Entre otros proyectos, este grupo fue responsable de parte de las obras del nuevo hospital de Burgos, y de al menos uno de los tramos del llamado Bulevar del Ferrocarril (pdf). Una obra aún incompleta que requerirá de una nueva inversión de al menos dos millones de euros para unir el último tramo de bulevar con la ciudad universitaria. En esta ocasión, fue su filial Promociones Pal la entidad que se encargó de ejecutar esta obra, junto a Construcciones y Maquinaria y Jopisa. Para ello se basaron en el proyecto de la prestigiosa firma suiza Herzog-Demeuron, logrando el Consistorio cosechar nuevas críticas por el "despotismo cultural" con el que adjudicó el proyecto -según el propio Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos- y por el elevado precio de los servicios del estudio.

Hoy, poco más de un año después de que se completara el primer tramo de esta actuación Lacalle se niega a destinar recursos para salvar una guardería, a pesar de que le costaría al consistorio menos del 2,5% de la cantidad presupuestada para remodelar la calle Vitoria. Una obra que parece seguir empeñado en acometer, a pesar del fuerte rechazo de los vecinos de Gamonal, que han vuelto a congregarse este jueves por séptimo día consecutivo. En menor número, pero con las mismas exigencias: la dimisión del alcalde, la liberación de todos los detenidos y la paralización definitiva de las obras.