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El Ayuntamiento de Palma, del PP, deja sin calle a los duques

La Junta de Gobierno Local acuerda que la céntrica vía de la ciudad deje de denominarse Rambla de los Duques de Palma

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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palma ha acordado esta mañana retirar el nombre de los Duques de Palma a la Rambla, según ha informado en una rueda de prensa el portavoz del Consistorio, Julio Martínez.

De este modo, esta vía céntrica de la capital balear recuperará su nombre original de la Rambla y dejará de denominarse la Rambla de los Duques de Palma.

Esta decisión se produce el mismo día en el que el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, así como para su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, y las sociedades investigadas, atendiendo así a la petición de la Fiscalía y del Sindicato Manos Limpias.

Martínez ha explicado que la decisión se ha tomado con unanimidad de todas las fuerzas políticas y debido a la 'demanda generalizada' de la ciudadanía. La decisión de retirar el nombre de los Duques de Palma a la Rambla es 'buena para todos, para los ciudadanos, para el Ayuntamiento y para la Casa Real', ha señalado.

Preguntado sobre la posibilidad de retirar el Ducado a Urdangarin y la Infanta Cristina, Martínez ha aseverado que esto es una decisión de la Casa Real y, en este sentido, ha señalado que tal como esta institución respeta la autoridad municipal, el Ayuntamiento hace lo propio con la Casa Real.

El pasado 25 de enero el PP impidió con su voto en contra que la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento aprobara la propuesta de que la rambla recuperara su nombre oficial, así como istar a la Casa Real a la inmediata retirada del título honorífico al duque.

Sí salió adelante, en cambio, la propuesta del PSM-IV-ExM, con los votos de esta formación y el PSIB y la abstención del PP, para instar a Iñaki Urdangarin, o en su defecto a la Casa Real, a 'asumir el compromiso claro y contundente de devolver el dinero público presuntamente defraudado si finalmente se demuestra judicialmente la falta de justificación de los gastos en el marco de los dos convenios ahora investigados' en el denominado caso Nóos.