El plan de desalinizadoras que el Gobierno del PSOE empezó en 2004, en contraposición a la política de trasvases del PP, puede quedar parado por culpa de los ayuntamientos. Se ideó para asegurar el suministro de agua a municipios del área mediterránea, pero muchos consistorios están en serios apuros financieros y sus alcaldes, muy lejos de pensar en pagar por servicios que pidieron en la época de vacas gordas. En total, son 11 desaladoras que están ya en servicio o a punto de despegar, cuyos ingresos de, al menos, el primer año están en el aire.

Muchos de los ayuntamientos concernidos no pueden afrontar el gasto que supone pagarle al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino directamente o, en la mayoría de los casos, a la empresa pública Acuamed (que depende al 100% del Ministerio) el gasto mínimo por tener el servicio disponible. En su día el Ministerio firmó convenios específicos con fechas de pago por parte de los ayuntamientos (u otros beneficiarios, como comunidades de regantes) y también la capacidad de agua de la que los usuarios iban a hacer uso para complementar la procedente de los trasvases, embalses o pozos.

'Los convenios se firmaron para cumplirlos. Y eso obliga a los ayuntamientos a pagar los costes fijos, reciban o no el servicio', explican fuentes del sector del agua. Esos servicios mínimos suponen aproximadamente el 50% del coste normal, en torno a unos 35 céntimos de euro por metro cúbico, según calculan los expertos del sector.

El Ministerio que dirige, ahora en funciones, Rosa Aguilar, busca una solución para que estos ingresos para Acuamed, principalmente, no queden en el aire. 'Hay que buscar una salida; habrá que ver si se puede solucionar con una fórmula de menos hectómetros', señaló a este diario Marta Moren, directora general del Agua. Esta opción supondría que los ayuntamientos y el Ministerio negociaran rebajar la petición de suministro inicial que habían solicitado los alcaldes de municipios de Andalucía, Murcia o País Valencià, fundamentalmente. La mayoría son localidades turísticas que afrontan el riesgo de tener que hacer cortes en el suministro en años de sequía, con gran perjuicio para sus habitantes habituales y también para los ocasionales (y para la imagen del turismo). Otra vía para negociar es el aplazamiento de los pagos. En todo caso, la solución a la que puedan llegar desde el Estado y los ayuntamientos tiene que ser aprobada por el Ministerio de Economía, según Medio Ambiente.

Esto incide directamente en el siempre polémico debate sobre el precio del agua. El agua cuesta en España entre 1,50 y 1,60 euros por metro cúbico y los expertos apuntan que los ayuntamientos repercutirán el coste del servicio de las desalinizadoras en la factura de los ciudadanos.

'El precio del agua es una cuestión urgente que no se ha abordado por falta de consenso', afirma Marta Moren. Apunta a las elecciones como una causa importante que ha bloqueado este debate, que confía en que se afronte de manera responsable.