Cajasur, la caja de la Iglesia, exhibió ayer su impresionante músculo social en Córdoba, donde es la institución más importante e influyente. Y lo hizo para mostrar su rechazo a la fusión en los términos que plantea el plan de negocio encargado a Boston Consulting, que prevé casi mil despidos en la entidad cordobesa un tercio de la plantilla a fin de sanearla antes de la unión con Unicaja.

Este recorte de personal pone en peligro la consumación del mayor matrimonio financiero andaluz. Hasta tal punto, que el Banco de España urgió ayer a Cajasur a que en un plazo máximo de cinco días acepte un acuerdo. En caso contrario, el supervisor maneja la opción de la intervención. Si el proceso deriva en una intervención, la entidad que preside Santiago Gómez Sierra saldría a subasta en el plazo de un mes y sin compromiso de garantizar el empleo. Ante esta perspectiva, Cajasur lanzó ayer mismo la propuesta de la prejubilación a los 53 años.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, se limitó a mostrar un prudente desacuerdo con la postura de Cajasur. 'Se salvarán los puestos que se puedan salvar', dijo.

Cajasur tiene sólidos apoyos. El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), calificó ayer de 'inadmisible' el plan de negocio, porque 'carga en una sola entidad' los despidos. El sindicato Aspromonte, mayoritario en Cajasur, avanzó que 'considerará responsable directa de cualquier despido a la Junta'.

El problema de fondo es la debilidad financiera de la caja cordobesa, que asumió enormes riesgos inmobiliarios en la personalista etapa del cura Miguel Castillejo. El agujero de Cajasur, de cientos de millones de euros, sumado a sus perspectivas de pérdidas para 2009, dificulta la fusión. También su baja eficiencia, derivada en parte de una sobredimensionada plantilla: mientras Cajasur y CajaGranada son parejas en volumen de negocio y oficinas, la primera sobrepasa a la segunda en 800 empleados.

Por otra parte, el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, elogió ayer los procesos de fusión de las cajas catalanas, mientras que el ex ministro de Economía Pedro Solbes alertó contra la excesiva concentración del sistema bancario que podría suponer la privatización de las cajas. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer, de cara a la próxima reforma de la ley gallega de cajas, que la presencia de políticos en los consejos de estas entidades es 'obligada y legítima'.