Las pruebas de estrés que se hicieron en verano a las entidades financieras europeas han perdido prácticamente toda credibilidad en el mercado después de que los bancos irlandeses aprobasen el examen y poco tiempo después tuvieran que ser rescatados para evitar su quiebra. Pese a ello, el Banco de España defendió ayer la fiabilidad de estas pruebas, especialmente en el caso de las entidades financieras españolas, porque aquí se hicieron los análisis con más rigor que en el resto de países y, sobre todo, con mucha más transparencia.

El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez está molesto por las dudas que han planteado numerosos analistas, especialmente extranjeros, sobre estos exámenes, máxime cuando ha comprobado que en muchos de los casos ni siquiera han analizado los resultados. A juicio del supervisor, lo que ocurre actualmente en el mercado es que los inversores actúan como una manada: todos siguen a todos sin saber por qué y, por supuesto, sin basarse en la realidad de los datos.

Según el Banco de España, las entidades nacionales son resistentes, pese a los 180.800 millones de euros que tienen en activos potencialmente problemáticos en constructoras y promotoras. A su juicio, este es el verdadero riesgo del sistema financiero español y en ningún caso lo van a ser, como algunos analistas se empeñan en aventurar, las hipotecas concedidas a particulares. Fuentes del banco recordaron ayer que en este ámbito la morosidad sólo asciende al 2,6% de los créditos, una cifra que no subirá mucho más y que es ínfima comparada con el 13,9% que alcanzó en la crisis de los noventa.

En el supervisor también destacan que, pese a los malos augurios internacionales, las entidades españolas tienen una estructura de financiación muy fuerte, ya que la mayoría de los vencimientos a los que tienen que hacer frente son de 2013 en adelante y por ahora tienen liquidez para soportar, como las entidades de otros países, el cierre actual de los mercados de financiación.

Banco Santander ha decidido salir al rescate de su fondo inmobiliario, que lleva con los reembolsos congelados desde febrero de 2009. El grupo inyectará el dinero que haga falta (pueden llegar a superar los 2.000 millones si todos los inversores piden su dinero) para atender desde el 1 de marzo todas las peticiones de devolución de las inversiones. El patrimonio actual del fondo es de 2.525 millones. La entidad también ha decidido asegurar la liquidez durante los próximos dos años, lo que implica que los ahorradores pueden decidir mantener su dinero con la seguridad de que podrán recuperarlo cuando lo deseen. Desde que se congeló el fondo, sólo ha conseguido vender el 10,9% de los activos en su poder, con lo que ahora no podría hacer frente a todos los reembolsos solicitados y, sin la inyección que le va a realizar, estaría obligado a proceder a la disolución, lo que alargaría mucho los plazos e impediría a los clientes recuperar parte de su inversión.