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El Banco de España defiende sueldos por debajo del SMI

El regulador financiero propone anticipar el aumento de la edad de jubilación a los 67 años, que ahora está previsto que entre en vigor en 2017

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El Banco de España señala en su memoria anual correspondiente a 2012 que el riesgo de que el paro de larga duración se haga 'crónico' es 'muy preocupante', y propone explorar la posibilidad de contratar con carácter 'excepcional' por debajo de salario mínimo interprofesional (SMI), que se encuentra actualmente en 645,30 euros al mes.

Así, aunque cree que los resultados de la reforma laboral a la hora de frenar el desempleo son 'esperanzadores', considera que no se han dado los pasos suficientes en materia de contratación. Para ello, apuesta por 'explorar mecanismos excepcionales para evitar que el salario mínimo actúe como una restricción para grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades para su empleabilidad'. La propuesta, según algunos analistas, parece apuntar a los llamados 'mini-jobs' presentes en países como Alemania, donde se utilizan para contratar con bajos salarios principalmente a jóvenes desempleados.

Además, para crear empleo a corto plazo e introducir mayor flexibilidad salarial, plantea 'nuevas fórmulas que permitan, en casos especiales, la desviación temporal respecto a las condiciones establecidas en la negociación colectiva', así como 'asegurar que la reducción del alcance de las cláusulas de indexación salarial no revierta en fases de crecimiento económico'.

Bajo el dictado de Bruselas, el Gobierno introdujo en 2012 una reforma laboral que abarataba el despido, permitía la rescisión unilateral de contratos y facilitaba el descuelgue de los convenios, pero que no ha conseguido resultados visibles de mejora del mercado laboral. Ahora, la institución que dirige Luis María Linde apuesta por una nueva vuelta de tuerca

En materia de pensiones, el Banco de España cree que garantizar cuanto antes la sostenibilidad del sistema aportaría gran certidumbre sobre la voluntad reformista de España, sin tener impacto sobre las condiciones laborales y sociales actuales. Por ello, recalca que es preciso diseñar 'como está previsto' en el Plan Nacional de Reformas un factor de sostenibilidad 'que posibilite modificaciones automáticas de los parámetros del sistema que permitan garantizar su sostenibilidad en el medio y largo plazo'.

Más aún, en línea con las recomendaciones de Bruselas, dice que 'sería aconsejable anticipar la entrada en vigor del retraso en la edad de jubilación (hasta los 67 años) y del alargamiento del período de cálculo de la base reguladora (de los 15 a los 25 años)', dado que, desde la entrada en vigor de la reforma de las pensiones de 2011, 'el problema se ha intensificado' y 'los plazos acordados resultan muy dilatados'.

El anterior Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero aprobó una profunda reforma del sistema en 2011, que supuso el retraso de la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67 años de forma gradual entre 2013 y 2027. La norma dejaba pendiente la regulación del factor de sostenibilidad (un mecanismo de ajuste automático de las pensiones para adaptarlas al ciclo económico y la creciente esperanza de vida de la población) que debía empezar a aplicarse en el año 2027. Un informe de un grupo de expertos nombrado por el Gobierno del Partido Popular abogará previsiblemente por adelantar la aplicación de ese factor de sostenibilidad ya a 2014, en línea con lo requerido por Bruselas.

También para salvaguardar la confianza en la economía española ante la 'fuerte sensibilidad' presente aún en los mercados, el Banco de España propone establecer 'un horizonte presupuestario de medio plazo que proporcione suficiente detalle sobre las medidas necesarias que, con carácter permanente, permitan culminar el proceso de consolidación fiscal'. Estas medidas, deberían basarse, a su juicio, en una revisión 'en profundidad' de la dimensión del sector público, de los distintos programas de gasto y del sistema impositivo.

En cuanto a posibles medidas de reactivación económica, el banco estima que 'las condiciones financieras continúan siendo muy estrictas' y que 'no existe margen de maniobra significativo para el recurso a las políticas macroeconómicas de estímulo de la demanda'. 'Corresponde a las políticas de oferta y de reforma estructural desempeñar un papel determinante en la recuperación de la confianza interna y externa y en el impulso del crecimiento a medio y largo plazo, que permitan aliviar los efectos a corto plazo de los procesos de ajuste', añade.

En cuanto a la consolidación fiscal, el Banco de España urge a no demorarlo. Así, señala que la estrategia de ajuste fiscal debe tener en cuenta 'no sólo la evolución de la actividad económica, sino también los costes de retrasar excesivamente la consolidación en términos de riesgos para la credibilidad y su impacto sobre la confianza de los agentes'. No obstante, asegura que la reducción del déficit público nominal en 2012, hasta el 7%, 'no refleja adecuadamente el esfuerzo de consolidación efectuado'. Por ello, propone tener en cuenta el déficit estructural, corregido del impacto del ciclo económico y del efecto de los cambios en la carga de intereses o de las ayudas a la banca.

De acuerdo con esta medida, asegura que el esfuerzo fiscal habría superado los 6 puntos del PIB entre 2009 y 2012, lo que contrasta con la reducción nominal de sólo 0,5 puntos porcentuales del PIB en el mismo periodo.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cree que el peor momento de la segunda recesión se ha vivido 'en la última parte del año pasado' y espera que la economía española experimente una recuperación 'moderada' a lo largo de 2014. Si bien, avisa de que esta recuperación podría coexistir durante 'cierto tiempo' con unas tasas de desempleo aún 'demasiado elevadas'.

Así lo ha indicado en su discurso de presentación del informe anual 2012 ante el Consejo de Gobierno del banco emisor, en el que ha argumentado que la recuperación de las exportaciones y una cierta estabilización del consumo privado están poniendo freno a las caídas intertrimestrales del PIB y 'deberán dar paso a una recuperación moderada en 2014'. 'La senda prevista de recuperación no está exenta de riesgos', ha avisado, para añadir que para afrontarlos es 'imprescindible' potenciar la competitividad de la economía española, reasignando factores de producción hacia los sectores más dinámicos, y mediante un 'aprovechamiento pleno' de los mecanismos de flexibilización introducidos en el mercado laboral para un uso 'más eficiente e intensivo' del empleo.

Por otro lado, el gobernador del Banco de España también prevé un afianzamiento en los próximos años de la trayectoria positiva mostrada por la balanza de pagos, que arrojó una reducción del déficit por cuenta corriente superior al 81% en el primer trimestre, hasta los 2.561 millones de euros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido al Banco de España, que ha propuesto contratos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como medida excepcional para acabar con el paro, que la cifra de los empleados que cobran este salario es 'muy acotada', si bien ha aclarado que esto no quiere decir que se pronuncie 'ni en un sentido ni en otro'. Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha indicado que supone que el informe del Banco de España será 'mucho más amplio' y que aún no lo ha podido analizar ni lo conoce. 'Es su tarea hacer recomendaciones, pero el Gobierno toma las decisiones que le corresponde y considera más adecuado', afirmó.

El Banco de España ha señalado en su memoria anual correspondiente a 2012 que el riesgo de que el paro de larga duración se haga 'crónico' es 'muy preocupante', y propone explorar la posibilidad de contratar con carácter 'excepcional' por debajo de salario mínimo interprofesional (SMI), que se encuentra actualmente en 645,30 euros al mes. Así, aunque cree que los resultados de la reforma laboral a la hora de frenar el desempleo son 'esperanzadores', considera que no se han dado los pasos suficientes en materia de contratación. Para ello, apuesta por 'explorar mecanismos excepcionales para evitar que el salario mínimo actúe como una restricción para grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades para su empleabilidad'.