La banca se mueve. No han caído en saco roto las críticas de los indignados, agrupados en el Movimiento 15-M, ni las de un sector del Gobierno, encabezado por el candidato a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que han acusado a bancos y cajas de ser los principales culpables de la crisis y de la lenta recuperación en la que estamos inmersos.

Primero se movió Bankinter con la comercialización de una hipoteca que acepta la dación en pago, es decir, que la vivienda sea la única garantía en caso de que no se pueda pagar la hipoteca. Fue el Banco Santander (incluido Banesto y Santander Consumer Finance), que anunció dos medidas trascendentes para paliar las consecuencias de las dificultades que tienen muchas familias para pagar su hipoteca y para intentar reducir, aunque sea de forma limitada, el paro entre los jóvenes. “Somos sensibles a las reclamaciones de los indignados y hemos estado pensando qué podemos hacer para mejorar la percepción que tiene la sociedad de la banca”, dijo el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz.

Y la solución a la que han llegado es ofrecer a sus clientes en paro o con un descenso de sus ingresos superior al 25% la posibilidad de aplazar el pago de su hipoteca. La fórmula consiste en conceder una moratoria de tres años en el pago de capital. En ese periodo sólo se pagarán intereses y lo que ahora se deja de abonar se reintegrará en los tres años posteriores a la finalización de la hipoteca. Tomando un caso práctico de un préstamo de 175.000 euros a 25 años y con un tipo de interés de euríbor más un diferencial de 0,70 puntos, la consecuencia es reducir la factura mensual de 590 euros a 307 euros. Un gasto mucho más fácil de asumir, que a la larga supone pagar tres años más de intereses, pero que soluciona el problema en el momento actual que es cuando se necesita.

Santander pondrá en marcha esta medida el 1 de agosto y afectará a todos los clientes que lo soliciten de forma automática, sin necesidad de iniciar los habituales trámites de negociación y renegociación con el director de la sucursal y después con la central de riesgos. Y otra ventaja de la medida es que el retraso de los pagos no implica cambiar las condiciones de la hipoteca como sí ocurría hasta ahora cuando se quería renegociar las cuotas.

Preguntado insistentemente sobre las consecuencias de esta medida en las cuentas de la entidad, Sáenz aseguró que los cálculos no están hechos porque no saben cuánta gente (dentro de las 480.000 hipotecas para vivienda que tienen concedidas) se acogerá a esta posibilidad. Lo que sí dejó claro es que tendrá un efecto ya que cada uno de estos créditos pasará a ser considerado como subestándar (con riesgo de que pueda pasar a impagado) y, por tanto, habrá que hacer provisiones que reducirán sus beneficios.

Sáenz informó el martes de esta medida a la patronal bancaria AEB y le propuso que empiece a negociar con las autoridades que sean pertinentes una reforma de la Ley Hipotecaria para que puedan normalizarse cuanto antes los problemas actuales del mercado. En sus propuestas, deja claro que no debe aceptarse la dación en pago como único método de contrato hipotecario y también que no deben paralizarse las ejecuciones (dos de las medidas que más demandan los indignados). A cambio propone otras medidas que permitirían que los ciudadanos que pierdan su casa por no poder pagarla se queden con menos deudas.

Su propuesta consiste en mejorar el proceso de subastas judiciales, de manera que no impongan tantos requisitos a quienes quieran pujar en las subastas por las viviendas embargadas y que se reduzcan los plazos desde los dos años y medio actuales. De esa forma, habría más demanda por ellas y se pagaría más, lo que evitaría que prácticamente siempre se la quede el banco por un 60% de su valor y elevaría la cuantía que recibiría la entidad por la vivienda y, por tanto, reduciría la deuda del hipotecado.

Precisamente, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó, con la abstención del PP, la reforma de la Ley Concursal en la que se pide que el Gobierno presente un informe en seis meses con soluciones extrajudiciales para que las familias con problemas de sobreendeudamiento puedan renegociar sus deudas (sobre todo, hipotecarias) y eviten entrar en concurso de acreedores, informa Efe.

La otra medida que va a poner en marcha el grupo presidido por Emilio Botín es pagar este año y el próximo a 5.000 jóvenes recién licenciados seis meses de contrato en pymes clientes del banco. Les pagará 600 euros al mes y la empresa no hará ningún desembolso. Además, intentará que una vez que acabe esta especie de beca se queden trabajando en la compañía. Para ello, ha dotado un fondo de 15 millones.

Santander anunció sus resultados del primer semestre, que cayeron un 21%, hasta 3.501 millones después de que se haya visto obligado a dotar una provisión de 620 millones por unos contratos de seguros en Reino Unido. Esto impedirá que se cumpla la promesa de Botín de repetir este año los 8.108 millones del año pasado.