El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, ordenó hoy domingo bloquear la demolición de viviendas israelíes construidas en el asentamiento judío de Ofra sobre terrenos privados palestinos en Cisjordania.

La decisión de Barak responde a una demanda interpuesta el pasado mes de junio por los residentes de la aldea de Ein Yavrud y las organizaciones israelíes de derechos humanos Yesh Din (Existe la Justicia, en hebreo) y Betselem, revela un comunicado de esas ONG.

Los demandantes exigieron al Tribunal Supremo de Justicia que ordenara al Estado evacuar ese asentamiento, y se refería en concreto a nueve edificaciones construidas en el mismo, en tierras privadas palestinas.

El Estado respondió a la corte que Barak había decidido aplazar las órdenes de demolición al considerar que las viviendas han sido habitadas durante algún tiempo y que están situadas dentro de los límites del asentamiento de Ofrá, y no en un enclave considerado "ilegal" por las propias autoridades israelíes.

El titular de Defensa agregó que antes de tomar cualquier decisión para demoler estructuras en el asentamiento, la cuestión debía ser estudiada a fondo, y no únicamente las nueve viviendas en disputa.

Betselem reveló en diciembre pasado que el 58 de los antiguos asentamientos judíos en Cisjordania fueron erigidos sobre terrenos privados pertenecientes a palestinos.

Y sobre las tierras donde se edificaron las nueve viviendas, apunta que aparecen en el registro oficial como pertenecientes a individuos palestinos, y por tanto, son parte de un enclave ilegal que debe ser desmantelado.

Por su parte, residentes del asentamiento judío alegaron que el terreno fue adquirido legalmente a sus propietarios palestinos, pero que no existe posibilidad de mostrarlo ante escrutinio público por el temor a que palestinos ataquen a los colonos.

Desde 1967, año en que Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, 132 asentamientos judíos reconocidos por el Ministerio del Interior han sido construidos en esos territorios, así como un número similar de enclaves no reconocidos, sostiene la organización.

La legislación internacional considera todos los asentamientos construidos en territorio ocupado tras la Guerra de 1967 como ilegales, y suponen un serio obstáculo para la paz y la creación de un futuro Estado palestino.