Caramelo para la banca para que no saque de sus casas a familias que no puedan seguir abonando la letra. Para que, si lo hace, asuma parte de la pérdida de valor sufrida por el inmueble, en lugar de que el ciudadano cargue con el estallido de la burbuja en solitario y deba al banco la diferencia de valor después de haber sido desalojado. Y todo voluntario. El único riesgo: reputacional, de imagen para la entidad que no se sume. En esto ha quedado la propuesta del Gobierno para 'solucionar el problema de los desahucios' anunciada ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, tal y como adelantó Público. Una propuesta, a la que hay que reconocer mucho más valor de lo que ni siquiera insinuó el Gobierno del PSOE, dirigida a beneficiar a personas en riesgo de exclusión social (con toda la familia en paro y al borde de perder su única vivienda) pero a cambio de contrapartidas que beneficien a los que inflaron la burbuja con dinero fácil y tasaron o influyeron en la tasación de las viviendas: los bancos. Si acceden a mitigar el drama, podrán 'incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en las que hubieran incurrido', anunció ayer Economía.

Esas pérdidas, en las que incurrirán si acceden a sumarse al Código de Buenas Prácticas que les ha presentado el Ejecutivo, vendrán por 'la atenuación de los intereses de mora' que cobra la banca a quien incurre en impago, donde 'hay un claro margen para la moderación', según Economía. También por la recomendación de que, 'en caso de ejecución de la hipoteca', se considere 'pagado un capital proporcional al número de cuotas abonadas', algo que no ocurre ahora porque en los primeros años del crédito se abonan fundamentalmente intereses. Pero sobre todo porque las entidades 'participen con un determinado porcentaje' en la diferencia del valor actual de la vivienda respecto al de compra 'debido a la deficiencia de la tasación o la desvalorización del inmueble'. El máximo de esa idea es 'la dación en pago' (entrega del inmueble a cambio de la cancelación total de la deuda), y periodos de carencia en el pago que podrían ser de dos años a cambio de una renta. En resumen, parar los abusos actuales de la banca, pero si esta quiere.

La medida va dirigida a familias con todos los miembros en paro

¿Y quiere? Pues depende. Las entidades saben que su agujero no está en las familias, cuya morosidad hipotecaria es del 2,7%, frente al 20% que arrojan ya los promotores inmobiliarios. Saben también que los desahucios, aunque han disminuido en 2011, se han disparado con la crisis, pasando de 26.748 en 2008 a 47.809 en 2010. Como dato, en la Comunidad de Madrid, el número de funcionarios dedicados a los desalojos ha pasado de media docena a más de 30 y ahora se hacen todos los días cuando antes sólo se ejecutaban los miércoles.

El Gobierno no quiere asumir el desgaste para su imagen que esto supone, pero la banca no va a dar fácilmente su brazo a torcer. De momento, está sorprendida con las prisas por anunciar medidas cuando se acaba de constituir la comisión con las patronales de bancos y cajas (AEB y Ceca). En ella, hace dos semanas, ya le dijeron a Guindos que 'cualquier propuesta tenía que ser voluntaria', según fuentes del sector.

¿Con qué argumentos? Cualquier cambio en la ley, cualquier obligación que implicase, por ejemplo, aceptar de forma generalizada la entrega de las llaves para saldar la deuda, sería una bomba de relojería, dicen. ¿Les suenan las subprime? Las hipotecas en España se dieron asumiendo muchos menos riesgos que en Estados Unidos, no hay clientes ninja (sin ingresos, trabajo, ni activos) pero, al igual que allí, los bancos y cajas convirtieron en títulos las hipotecas y los vendieron, compartiendo los intereses, a cambio de dinero fresco para nuevas hipotecas. 'Esos títulos se vendieron con la doble garantía del inmueble y la personal'. Un cambio por ley 'provocaría una reclamación masiva por parte de los acreedores'.

La banca exige que sea voluntario porque titulizó las hipotecas

Esa preocupación de la banca por un problema generado por ella misma contrasta con los planteamientos a pie de inmueble de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su portavoz, Vicente Pérez, comentó ayer a este periódico que el hecho de que 'Guindos haya sacado el tema, demuestra que las acciones de la Plataforma están consiguiendo que el tema se asuma como un problema grave', informa Paula Díaz. Pero en la PAH, que ha logrado parar sólo en Madrid 50 desahucios desde que se constituyó en febrero de 2011, no consideran las medidas ni mucho menos suficientes. 'Pedir a los bancos que hagan lo que ya pueden hacer es muy, muy insuficiente. Cuando el tema les preocupa, como la reforma laboral, sacan un real decreto. Cuando sólo quieren quedar bien, dicen que hablarán con los bancos. Esperamos que esa preocupación les fuerce a admitir la dación', añade.