El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, ha conseguido hoy "in extremis" cerrar un acuerdo con los sindicatos de Justicia que puede poner fin a la huelga que dura ya dos meses, un acuerdo que, sin embargo, ha generado una importante brecha en las centrales sindicales.

Mientras los líderes de la función pública de UGT y CCOO -los dos sindicatos mayoritarios- decidían firmar esta tarde el documento y desconvocar la huelga, el representante del ámbito de la justicia de CCOO y sus colegas de CSI-CSIF y STAJ, han preferido esperar a que el documento sea aprobado mañana en referéndum por los trabajadores afectados.

El grado de división que ha provocado el acuerdo ha sido tal, que los firmantes del acuerdo, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Miguel Segarra, y su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, han tenido que salir de la sede del Ministerio de Justicia escoltados por Policía, entre abucheos y gritos de "traidores" y "nos habéis vendido".

Pese a todo, los cuatro sindicatos convocantes de los paros comparten el contenido de un documento que recoge una parte sustancial de sus reivindicaciones económicas.

El acuerdo supone para los funcionarios de Justicia no transferidos un aumento salarial progresivo de 190 euros mensuales de aquí a julio de 2009 -pedían 200 con efectos retroactivos a 1 de enero de 2008-, así como una paga única de 480 euros a primeros del año que viene que compense lo no cobrado durante este primer semestre.

En el pacto firmado por CCOO y UGT, los funcionarios se comprometen también a poner al día el trabajo pendiente tras 60 días de huelga en un plazo de tres meses y a adaptarse a las nuevas tecnologías.

Estas "horas extras" serán de carácter voluntario, serán remuneradas y a ellas se podrán acoger todos los trabajadores que lo deseen.

En rueda de prensa tras el fin de las negociaciones, y mientras en la calle un centenar de trabajadores protestaba por el acuerdo, el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, se ha mostrado convencido de que la huelga "ha tocado a su fin" sin que "nadie salga con cara de vencedor ni de vencido".

El ministro ha reconocido que había "perdido la confianza" en los responsables de Justicia de ambos sindicatos, confianza que se ha recuperado con el acuerdo de hoy.

Preguntado por si este largo conflicto puede influir en su carrera política, Bermejo ha dicho que no tiene ni "vanidad" ni "ambición", pero ha precisado que, si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere repetir su confianza en él, estará "encantado de renovar el compromiso" con los ciudadanos.

Por su parte, el representante de CCOO, Miguel Segarra, ha negado tajantemente que haya "puenteado" a sus compañeros sindicales del Ministerio de Justicia y ha hecho hincapié en que todos los sindicatos están de acuerdo con el documento, aunque no en su firma inmediata.

"No se ha puenteado absolutamente a nadie", ha reiterado también su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, que ha alertado de que si la huelga continuaba indefinidamente se podían producir "daños irreparables" en el servicio de Justicia.

Tras agradecer al Gobierno su "sensibilidad", Lacuerda ha asegurado que UGT "no es la prisión de San Quintín" y que, por lo tanto, aquel afiliado que no esté de acuerdo con lo que se ha negociado y firmado, puede darse de baja.

Por contra, el portavoz de CCOO en el ámbito de la Administración de Justicia, Javier Hernández, ha calificado de "antidemocrática", "autoritaria" y "arrogante" la actitud de Mariano Fernández Bermejo durante la negociación.

Hernández, que ha salido de la sede del Ministerio con lágrimas en los ojos y abrazándose a sus compañeros, ha anunciado que estudia su dimisión y ha confesado sentirse "harto" de las cúpulas sindicales por "plegarse" a las imposiciones del Gobierno.

En similares términos se han manifestado los portavoces de CSI-CSIF, Juan Antonio Martín, y STAJ, Herminia Ruiz, que han calificado de "maniobra inaudita" y "triquiñuela" el acuerdo firmado entre Bermejo y las cúpulas de CCOO y UGT.