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Los bienes de los ministros siguen sin ser públicos

El Gobierno está a punto de incumplir otro plazo para desarrollar la Ley de Conflicto de Interes

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'No sólo se están burlando de la ley sino también del Parlamento'. Indignado, Joan Herrera (ICV) lleva una semana contando los días. Hace casi cuatro meses, una iniciativa suya obligó al Gobierno a que aprobase antes del próximo jueves, 26 de marzo, un Reglamento que permitiría la publicación en el BOE del patrimonio de los ministros este mismo año.

Aunque el compromiso trataba de subsanar un incumplimiento previo, tampoco está claro que esta vez se cumplan los tiempos. A preguntas de este diario, una portavoz del Ministerio fue incapaz de concretar cuando se aprobará la norma. Una portavoz oficial del departamento se limitó a asegurar que 'se está trabajando intensamente' en el asunto.

El diputado de ICV prepara una batería de iniciativas. Además de remitir varias preguntas al Gobierno, el jueves Herrera pedirá la comparecencia de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, para dar explicaciones. 'Si acaban por ignorar el mandato del Congreso', aseguraba ayer Herrera a Público, 'estarán convirtiendo todo su discurso sobre transparencia en papel mojado'.

En caso de concretarse el incumplimiento, ésta no será la primera vez que el Ejecutivo aplaza el desarrollo de la Ley de Conflicto de Intereses, que aprobó a bombo y platillo en abril de 2006. Ya entonces, la norma fijaba un plazo claro: antes de mediados de agosto de ese año debía estar listo el Reglamento. Jordi Sevilla incluso redactó un borrador que hacía posible la publicación de las declaraciones de patrimonio del Gobierno. La llegada de Elena Salgado al Ministerio relegó el documento al olvido.

Fue entonces cuando Herrera rescató el asunto en forma de moción parlamentaria. En noviembre de 2008, tras más de dos años desde su aprobación, reclamó al Gobierno que cumpliera la ley. Enfrente encontró a la ministra Salgado, quien no ocultó su escasa voluntad de impulsar el reglamento. Como justificación alegó que la medida no era prioritaria y que en ningún caso se adoptaría hasta no haber suprimido el impuesto del patrimonio.

Pero la aritmética parlamentaria obliga. Todos los grupos de la Cámara respaldaron a Herrera en su empeño de impulsar de una vez por todas el Reglamento. Incluso CiU, que se opone al fondo de la cuestión, apoyó la iniciativa. Sobre la tribuna, todos los portavoces coincidieron en los mismos argumentos: la comparta o no, el Gobierno debe cumplir la ley.

Incluso el PSOE contradijo a su ministra. Para evitar quedar en minoría votó a favor de la moción. A cambio de sumarse a la unanimidad, los socialistas consiguieron tiempo. Herrera aceptó una emnienda del PSOE que ampliaba el plazo para desarrollar el Reglamento a cuatro meses.

A punto de cumplirse el segundo plazo y con el impuesto sobre el patrimonio ya suprimido, al Gobierno se le acaban los argumentos para no desarrollar texto reglamentario. Si el Ministerio no lo alumbra en las próximas semanas, a mitad de abril se cumplirán tres años desde la aprobación de una ley que en 2004 fue bandera electoral de los socialistas y que para entonces llevará un retraso de 32 meses en su cumplimiento.