Publicado: 21.01.2014 11:24 |Actualizado: 21.01.2014 11:24

Blesa se queja al juez de que Bankia no destruyese sus correos electrónicos

El exbanquero le pide al juez que no incorpore sus correos a la causa abierta en la Audiencia Nacional por las preferentes de Caja Madrid

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El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha alegado que sus correos corporativos fueron "ilegalmente obtenidos" y que estaban "indebidamente alojados" en un servidor de Bankia, entidad de la que no formó parte y a la que "nunca" ha autorizado para que "mantenga o administre su correspondencia". Unos correos que previamente, según el exbanquero, habían sido borrados conforme a los protocolos de conservación documental de Caja Madrid tras cesar su relación con la entidad.

Así lo expone el exbanquero en un escrito en el que reclama al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que le investiga junto al resto de la cúpula de Caja Madrid por idear las preferentes, que no incorpore los correos que formaron parte de la causa por la que el juez Elpidio José Silva le envió a prisión. Blesa, que está imputado en el caso de las preferentes, advierte al juez que si decide investigar su correspondencia electrónica la causa podría declararse nula.

El escrito de Blesa insiste en que esta prueba "corrupta" también "corrompería las actuaciones de la causa a la que se pretende exportar". Acusa, además, al juez Silva de incautar "ilegalmente" los correos que, dice, "estaban alojados indebidamente en un servidor de Bankia". Según argumenta el abogado de Blesa, esos 8.777 correos corporativos incautados por orden de Silva fueron declarados nulos por la Audiencia Provincial de Madrid junto al resto de la causa en la que investigaba la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán.

Bankia, que entregó esos correos al juez en un soporte informático el pasado febrero, le envió un escrito en abril a Silva su autorización para moverlos a un servidor más moderno. Dicha solicitud la reiteró en noviembre en "aras a su máxima colaboración" con el Juzgado a su sustituta, a la que advertía de "incidencias técnicas" en las infraestructuras dada la "obsolescencia" tecnológica del servidor, que podían poner en riesgo el "mantenimiento y recuperación" de los correos.

Blesa recuerda que el tribunal madrileño anuló el resto de las actuaciones acordadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid desde el 9 de febrero de 2010, cuando archivó la denuncia inicial de Manos Limpias. Por tanto, explica, la Audiencia madrileña dejó sin efectos la providencia en la que Silva ordenó su incautación ante la "absoluta falta de motivación" y "la infracción de los derechos fundamentales" a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de Blesa.

Asimismo, explica que el pasado septiembre, la magistrada que sustituyó a Silva mientras éste estaba cumpliendo una sanción del Consejo General del Poder Judicial, también dejó sin efecto el auto de 7 de febrero de 2013 en el que este magistrado acordaba la entrada y registro de Bankia para acceder a sus servidores informáticos e intervenir todos los correos enviados o recibidos por el exbanquero por estimar que vulneraba los mismos derechos. La misma magistrada anuló el auto en el que Silva dedujo testimonio de la causa del crédito a Marsans e incorporaba los correos a la de la compra del City National Bank de Florida, por la que ordenó encarcelarle en dos ocasiones.

A todo ello, el escrito añade que Silva se encuentra imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un delito de prevaricación y dos contra la libertad individual a raíz de una querella que interpuso la Fiscalía contra él por su actuación en el caso Blesa. Recuerda que el instructor de esa querella, Jesús Gavilán, ya apreció que esos correos formaban parte de la intimidad del expresidente de Caja Madrid. Y recalca que este magistrado dedujo testimonio tras la publicación de sus correos por varios medios de comunicación y el Ministerio Público ha apreciado que podría haber sido constitutiva de un delito de infidelidad en la custodia de los documentos y violación de secretos.

"El mero hecho de intentar utilizarse dichas pruebas nulas y cuya difusión puede ser constitutiva de delito en otro procedimiento (incluso por la vía indirecta de aportación de publicaciones de prensa) daría lugar (?) a la nulidad de todo lo que se actuara en el procedimiento de destino, pues la prueba corrupta también corrompería las actuaciones de la causa a la que se pretenda exportar", concluye el escrito.