Al nombre del todavía presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, se siguen asociando una ristra de cuentas por pagar que forzaron su dimisión ayer. Una de ellas, una multa por valor de 392.491 euros que le impuso el Ayuntamiento de Boadilla del Monte el pasado mayo, se comenzará a tramitar hoy cuando la comisión de cuentas del ayuntamiento dé, previsiblemente, luz verde a su cobro.

La sanción no se ha hecho efectiva por las alegaciones que presentó Trapsa, la que en su día fuera la empresa originaria del entramado societario de Díaz Ferrán. Sin embargo, el Ayuntamiento de Boadilla ya se ha cansado de esperar y quiere iniciar el cobro de esta deuda lo antes posible.

La multa se originó por incumplimiento de contrato, ya que Trapsa no ha terminado (ayer se cumplieron dos años de retraso en la obra) de construir un centro deportivo que le adjudicó el ayuntamiento en 2006, y que tenía como plazo de ejecución 24 meses. Según fuentes del ayuntamiento, el 'centro de alto rendimiento' está a punto de terminarse, pero el hecho de que la concesionaria (que también ganó su explotación una vez acabado) lo finalice no la exime del pago de la multa que ha originado su retraso.

El PSOE del Ayuntamiento de Boadilla ha sugerido que la multa se compense con lo que el consistorio paga a Trapsa por el mantenimiento de la piscina municipal, cuya concesión ya ha expirado y debe volver a convocarse. Un portavoz del ayuntamiento descarta esta posibilidad y aboga por el pago directo y 'pecuniario' de la multa.

Aunque Díaz Ferrán tuvo durante años las obras paradas, le sacó rentabilidad, ya que consiguió una hipoteca de Caixa Galicia por valor de 11 millones de euros en la que puso como garantía el gimnasio y otros dos centros deportivos, en Fuenlabrada y Jerez de la Frontera. A consultas del consistorio, Trapsa alegó que había contratado dos constructoras que habían quebrado.

Los tres centros hipotecados están en suelo público, con concesiones de explotación que rondan los 50 años. Los otros dos gimnasios están operativos y en funcionamiento. Estos centros han pasado ahora al liquidador Ángel de Cabo, que compró, sigilosamente Trapsa el pasado julio, operación que se sumó a la compra de Marsans.

Fuentes de la oposición en el ayuntamiento desconocen este traspaso de la compañía, que no ha sido notificada pese a que es preceptivo cuando se trata de concesiones públicas. De Trapsa penden negocios variopintos, en su mayoría públicos, como la concesión del Palacio de Congresos de Salamanca, el de Santiago de Compostela o parte del Palacio de los Deportes de Madrid.

La adjudicación del complejo y el permiso de demora de las obras se concedieron en tiempos del alcalde Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla por su implicación en la trama Gürtel. El PSOE municipal y Alternativa por Boadilla han pedido durante años que se sancione a Trapsa.