Bolivia prepara una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Israel por su ofensiva militar en la franja de Gaza y sus consecuencias sobre la población civil, y mantiene conversaciones con otros países latinoamericanos que podrían sumarse a esta iniciativa.

El viceministro boliviano de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, hizo hoy este anuncio en Ginebra y subrayó la responsabilidad que tienen las instituciones internacionales en evitar que los crímenes de guerra queden impunes.

La operación israelí en el territorio palestino ha causado al menos 1.086 muertos y 4.900 heridos hasta el momento, según cifras proporcionadas hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Llorenti sostuvo que su Gobierno prepara la demanda contra las "autoridades políticas y militares de Israel que deciden y ejecutan las acciones en Gaza", aunque declinó identificar quiénes serán los denunciados.

El viceministro agregó que su Ejecutivo está en conversaciones con otros países latinoamericanos para que éstos puedan eventualmente sumarse a la demanda, que, según indicó, se presentaría en unos diez días.

Bolivia fue el primer país en romper esta semana relaciones diplomáticas con Israel por los ataques contra Gaza, una medida que fue secundada por Venezuela.

Llorenti y el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Wilfredo Chávez, se encuentran en Ginebra para reunirse con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, a quien expondrán los avances de Bolivia en la aplicación de las libertades económicas, sociales y culturales.

Chávez recordó que el 25 de enero se celebrará un referéndum sobre la nueva Constitución, con la que el presidente de Bolivia, Evo Morales, intenta sentar las bases para refundar el país, pero que es rechazada por los líderes opositores autonomistas de cuatro regiones.

El viceministro de Justicia destacó que entre las innovaciones del texto constitucional está la incorporación, sin excepción, de todos los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

Al mismo tiempo, da rango constitucional a derechos nuevos, como el derecho al agua o a los servicios básicos.