Público
Público

Una bomba para la relación diplomática

España prometió a Israel que limitaría el poder de la Audiencia Nacional para investigar casos en el extranjero

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

Cuando el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentre por fin la semana que viene con Barack Obama en alguno de los múltiples foros en que coincidirán G-20, cumbre de la OTAN, cumbre UE-EEUU, Alianza de Civilizaciones tendrán otro tema de conversación potencialmente explosivo: la querella contra el equipo jurídico de George W. Bush en la Audiencia Nacional, que puede dejar en una simple anécdota el embrollo de la retirada de las tropas españolas de Kosovo.

En EEUU hay un debate promovido sobre todo por ONG progresistas como el Center for Constitutional Rights que aspiran a sentar ante un tribunal a los principales responsables de los atropellos legales cometidos por la Administración de George W. Bush en nombre de la 'guerra contra el terrorismo'. Se ha hablado incluso de crear una Comisión de la Verdad y algunos diputados han coqueteado con la idea, pero Obama se ha mostrado contrario.

El equipo del nuevo presidente incluso ha asumido algunas de las iniciativas más polémicas de Bush, como las renditions o entregas extrajudiciales en el extranjero. Y ha retocado la biografía de su predecesor en la web oficial en la Casa Blanca, pero para endulcorarla. Esta negativa a revisar a fondo el giro que supuso Bush le ha valido la severa reprimenda de medios liberales como The New York Times.

La hiperactividad de la Audiencia Nacional en la persecución de crímenes contra la humanidad perpetrados lejos de España le ha provocado al Gobierno multitud de conflictos diplomáticos. Le sucedió a José María Aznar con el caso Pinochet, pero también a José Luis Rodríguez Zapatero en diligencias cada vez más comprometedoras para la política exterior del Gobierno.

La indignación de Ruanda ante la imputación de jefes militares por las masacres en la República Democrática de Congo pueden ser llevaderas para la diplomacia española en la medida en que las relaciones entre estos países son nulas. Pero cuando el juez Fernando Andreu imputó al general israelí Benyamin Ben Eliezer por la muerte de 14 civiles en Gaza, en enero, Miguel Ángel Moratinos se vio obligado a llamar a su entonces homóloga, Tzipi Livni, para calmarla.

Moratinos incluso llegó a asegurar que España se planteaba limitar la jurisdicción de la Audiencia Nacional, según la versión ofrecida públicamente por la política israelí. Nada ha trascendido desde entonces de los planes del Gobierno, nunca confirmados oficialmente y que según las ONG exigirían cambios en una decena de leyes.