La reiterada petición de copias de informes de CiU al Govern derivó ayer en una sonora bronca política e institucional agriada con la amenaza nacionalista de llevar el tema al Tribunal Constitucional.

El diputado de CiU Jordi Turull pidió hace meses copia de siete informes de expertos encargados por Presidència, entre los cuales uno sobre la marca "Govern de Catalunya", otro sobre la Generalitat en buscadores de Internet y un tercero sobre el DOGC digital. Los vio en setiembre de 2008 pero no se le libró copia.

El presidente del Parlament Ernest Benach, de ERC, le dio amparo pero tanto José Montilla como Joan Saura le trasladaron con contundencia el lunes que si Turull quería verlos de nuevo (sin fotocopiarlos) podía ir a los departamentos.

El portavoz de CiU, Oriol Pujol, se valió de la imagen de poca transparencia del Govern para juzgar de "golpe institucional" la actitud de Montilla y Saura por su respuesta e incluso comparó el asunto con la trama de corrupción del PP.

Después de que Turull volviera ayer a pedir amparo a Benach, Pujol ya no quiso dar una nueva oportunidad a la diplomacia entre instituciones y afirmó que con un presidente del Parlament "desautorizado" ya no cabe descartar nada, incluso el TC.

"Si alguien se tira de los pelos por trajes de 500 euros, que sepan que aquí hay un montón de encargos de informes de 12.000 euros que niegan a CiU. Se están haciendo muchos más estudios aquí que trajes en otras partes del Estado", aseguró Pujol.

Hace meses que CiU encontró en este tipo de estudios, que también elaboraba la administración Pujol, un filón. Y es que algunos eran copias de otros, plagios, se cobraban antes de hacerse o trataban temas peregrinos.

El tripartito salió al paso con el argumento de que Turull puede consultar lo que quiera y que el Govern se ciñe al reglamento de la cámara, pese a Benach hace una lectura diferente de él. El diputado del PSC David Pérez recordó que se ha dado acceso a 2.100 informes.

Por otra parte, ayer CiU admitió en el mismo Parlament "irregularidades" en la gestión de la empresa pública Adigsa en los últimos tiempos de Pujol. En la comisión de la Sindicatura de Cuentas de la cámara que analizaba la gestión de la empresa el tripartito denunció sus "procedimientos oscuros".