El primer ministro británico, Gordon Brown, dio hoy luz verde al uso limitado y para determinados casos de las escuchas telefónicas en los tribunales, tras aceptar las recomendaciones de un informe independiente sobre este asunto.

En una declaración parlamentaria, Brown dijo que tiene la intención de poner en práctica esta medida "lo antes posible", pero siempre y cuando se puedan establecer una serie de condiciones, como la protección de las técnicas utilizadas para reunir el material.

El "premier" señaló que ha aceptado el informe elaborado por el ex funcionario público John Chilcot, a quien el Gobierno le había pedido en 2007 que estudiara si las pruebas de comunicaciones obtenidas de forma secreta podían ser usadas en los tribunales.

Entre estas comunicaciones figuran escuchas telefónicas, contenidos de faxes, correos electrónicos y postales.

El Reino Unido es uno de los pocos países que prohíbe el uso de esta evidencia, ya que los servicios secretos se oponen porque temen que queden expuestos sus métodos de trabajo.

El ahora denominado informe "Chilcot" subraya, no obstante, que el material no debería usarse si las agencias responsables de reunirlo se oponen en determinados casos.

"El uso de pruebas intervenidas se caracteriza por un dilema central que afrontamos como sociedad libre, la de preservar nuestras libertades y las leyes, mientras al mismo tiempo mantenemos al país seguro", subrayó el jefe del Gobierno.

Brown explicó que el informe "concluye que sería posible buscar la manera de usar material interceptado como evidencia, sólo si se cumplen ciertas condiciones importantes".

"El Gobierno acepta esta recomendación", puntualizó.

Brown subrayó que será necesario trabajar sobre la manera de cumplir esas condiciones, como la protección de técnicas muy sensibles o el coste de éstas.

"Vamos a proceder a desarrollar un plan de implementación detallado sobre qué material podría estar disponible para su uso en casos criminales en Inglaterra y Gales, sujetos, estrictamente sujetos, al cumplimiento de las condiciones", insistió.

"El desafío es, en todo momento y sin fracasar, la protección de la seguridad de nuestra nación", subrayó.

El líder del opositor Partido Conservador, David Cameron, saludó la decisión del Gobierno, pero advirtió de que la forma en que se va a implementar no debe ser retrasada.

"Al final, esta es una decisión política y tiene que ser tomada por un político", añadió Cameron.

"Está claro que debe ser usada, (la comunicación) intervenida en los tribunales para observar, condenar y poner en prisión a más terroristas", resaltó el líder "tory".

El portavoz de Interior del Partido Conservador, David Davis, dijo que su formación hace años que tenía esta petición.