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Bruselas denuncia a España por permitir la modificación de contratos públicos tras su adjudicación

La Comisión Europa cree que la Ley de Contratación Pública española se presta a que no se respeten los principios de igualdad de trato de la UE

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Los contratos en el sector público deben ser transparentes e iguales para todos. Una empresa no puede ganar un contrato frente a otras en un concurso público y luego que la administración correspondiente cambie las condiciones de contratación que no pudieron disfrutar el resto de concursantes. Esto no lo garantiza la legislación española, según Bruselas.

La Comisión Europea (CE) ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por considerar que la ley española de contratación pública (LCSP) concede demasiado margen de maniobra a las autoridades para modificar los contratos después de que hayan sido adjudicados.

La CE entiende que esta ley española no garantiza los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia que exige la normativa comunitaria.

El Ejecutivo comunitario cree que la LCSP 'da a los órganos de contratación amplios poderes para modificar cláusulas fundamentales de los contratos públicos después de su adjudicación, sin que las condiciones de modificación se hayan establecido en los documentos contractuales de manera clara, precisa e inequívoca'.

Además, por lo que respecta a la realización de obras, la prestación de servicios o la entrega de suministros adicionales, la Comisión considera también que la ley española permite que el órgano de contratación recurra a la utilización de procedimientos negociados sin publicación, en contra de lo que dispone la normativa europea.

Se calcula que la contratación pública en la UE -es decir, la compra de bienes, servicios y obras públicas por administraciones y servicios públicos- representa en total alrededor del 16 % del PIB de la Unión. Los procedimientos de licitación públicos y transprentes que exige la legislación comunitaria 'significan más competecia, salvaguardias mayores contra la corrupción, y una mejora del servicio y la rentabilidad para los contribuyentes', dijo Bruselas.