La Comisión Europea cerró ayer uno de los dos expedientes que mantenía abiertos contra la nueva financiación de RTVE. La televisión sin anuncios, sufragada gracias a las tasas impuestas a las televisiones privadas y las empresas de telecomunicaciones, respeta plenamente la legislación europea en materia de Competencia, área en la que Bruselas tiene la última palabra. El Ejecutivo comunitario despejó así el principal obstáculo de la nueva financiación, denunciada por los teleoperadores contrarios a destinar un 0,9% de sus ingresos a costearla.

El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, aseguró que la decisión de España de dar 'un mayor énfasis a la misión de servicio público de RTVE se ajusta a la política de pluralidad mediática que apoya la UE'. Según él, 'reduce de manera significativa el riesgo de contagio entre actividades públicas y comerciales'.

La Comisión abrió el año pasado una investigación sobre el nuevo modelo al considerar que podría dotar a la Corporación de más recursos de los que necesita para funcionar, perjudicando así a sus competidores. Según el dictamen de ayer, la financiación pública de RTVE 'no depende de los ingresos que vienen de las tasas, sino que se determina exclusivamente por los costes operativos' de la Corporación. El Gobierno se declaró 'satisfecho' y reiteró su 'confianza plena en todo el sistema de financiación de RTVE', según fuentes del entorno de María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta primera, citadas por Europa Press.

Bruselas mantiene, sin embargo, un segundo expediente contra RTVE. Si el que se cerró ayer dirimía si la Corporación cumplía con las leyes europeas de Competencia, el que decidirá si la financiación cumple con las directivas sobre telecomunicaciones permanece aún abierto. 'En unos meses, seguramente antes de que acabe el año, decidiremos qué hacemos', aseguró un portavoz del Ejecutivo comunitario. Este segundo caso, que se encuentra en una fase preliminar, analiza si la nueva financiación se ajusta a la norma comunitaria que impide tasar a los teleoperadores si no es para costear la regulación en el sector y los organismos supervisores. La Comisión cree que el impuesto a los teleoperadores podría trasladarse a los consumidores al tiempo que perjudica la capacidad de inversión en redes de alta velocidad, una prioridad para el Ejecutivo comunitario. Además de este 0,9%, RTVE cuenta con impuesto del 3% sobre los ingresos de las cadenas privadas en abierto y otro 1,5% de los canales de pago.

El Gobierno 'confía igualmente' en que la respuesta de Bruselas 'va a ser positiva', según el entorno de De La Vega, que ya se ha reunido con la comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, para explicarle el modelo.

El consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones Ángel García Castillejo dijo ayer que si Bruselas fuese contraria a la aportación de las operadoras, se podría plantear un canon para los ciudadanos.