La Comisión Europea ha dicho este martes que las obras del AVE a su paso por Barcelona que están bajo investigación judicial por posible fraude no han recibido fondos de la UE.

No obstante, Bruselas ha detectado irregularidades en la modificación de contratos en otros tramos del AVE Madrid-Barcelona por valor de 300 millones de euros (el 10% de las ayudas comunitarias), aunque España sólo ha tenido que devolver 33,6 millones ya que el resto de fondos se ha redirigido a otros proyectos.

'Por lo que se refiere al AVE en Barcelona, en la estación de La Sagrera, actualmente bajo investigación judicial, no hay cofinanciación de la UE', ha asegurado la portavoz de Política Regional, Shirin Wheeler.

En total, el AVE Madrid-Barcelona ha recibido de la UE un total de 3.000 millones de euros correspondientes al periodo 2000-2006, y como se trataba de una gran cantidad de dinero, el Ejecutivo comunitario realizó varias auditorías sobre el terreno entre 2003 y 2005 y 'descubrió modificaciones de los contratos respecto a sus términos financieros originales que iban contra las reglas de la UE'.

Como resultado, la Comisión exigió a las autoridades españolas que no utilizaran las ayudas europeas para contratos que se habían modificado.

La cantidad deducida fue, según ha explicado la portavoz, aproximadamente el 10% del total de la financiación de la UE, es decir, alrededor de 300 millones de euros. Pero España pudo reutilizar la mayor parte de este dinero en otros proyectos cofinanciados por la UE donde no había irregularidades.

La única excepción se refiere a una serie de proyectos por valor de 33,6 millones de euros, sobre los que las autoridades españolas presentaron un recurso ante el Tribunal de Justica de la UE; el TJUE dio la razón a Bruselas y obligó a España a reembolsar esta cantidad.

'Es importante subrayar que no consideramos que este caso sea de fraude, pero esta práctica de modificar los contratos no respetaba nuestras reglas', ha dicho la portavoz.

Como consecuencia de este caso, España emitió una instrucción interna que señala que las modificaciones de contratos no pueden presentarse para financiación de la UE.