Tras cuatro semanas de negociaciones, la UE y el FMI acordaron con Grecia el enésimo plan de ajuste para el país y advirtieron a Atenas de que tiene menos de un mes para demostrar que pretende cumplirlo. El Gobierno griego anunció que los contactos con los técnicos del FMI, la Comisión Europea y el BCE habían concluido y comprometió un recorte del déficit extra de 6.400 millones para este año y de 22.000 entre 2012 y 2015. A la rebaja del déficit se le sumará una rápida privatización de empresas públicas de carácter estratégico, como la de telecomunicaciones o la de transportes, hasta reunir otros 50.000 millones.

En un comunicado conjunto, la Comisión, el BCE y el FMI aseguraron que el acuerdo permitirá desbloquear los 12.000 millones que tenían previsto prestar a Grecia como parte del rescate pactado en mayo del año pasado. La suspensión, exigida por el FMI, se debía en realidad al fracaso del programa en marcha, que tras un año no ha conseguido reflotar las finanzas de Grecia ni su credibilidad en los mercados. El nuevo tramo de ayudas, considerado por el Gobierno como imprescindible para evitar la bancarrota, llegará a Atenas 'muy probablemente a principios de julio', según las instituciones internacionales.

Unos manifestantes asaltan la sede del Ministerio griego de Economía

Sin embargo, el Ejecutivo que dirige Yorgos Papandreu tendrá que ganárselo, primero incluyendo a la oposición en un gran acuerdo nacional sobre el futuro del país, y después poniendo en marcha con urgencia las medidas comprometidas. Según Olli Rehn, el comisario de Economía, sólo 'si las autoridades griegas desarrollan estos pasos decisivos, se allanará el camino para que el Eurogrupo analice nuevas medidas para asegurar que Grecia puede continuar con sus políticas'. En otras palabras: con el acuerdo de ayer, la UE y el FMI desbloquean el dinero ya comprometido pero dejan para más adelante los detalles de un segundo rescate, imprescindible para la supervivencia de Grecia, cifrado por diversos analistas en 60.000 millones. 'Confío en que el Eurogrupo acuerde financiación adicional para Grecia bajo estrictas condiciones', aseguró Jean Claude Juncker, su presidente, que ayer se reunió en Luxemburgo con Papandreu. Según Juncker, el segundo rescate 'incluirá la participación del sector privado de manera voluntaria', probablemente con una fórmula similar a la incluida en el rescate de Portugal, donde se pidió al Gobierno que llegase a acuerdos para evitar la fuga de los inversores.

En la calle, el fin de las negociaciones coincidió con nuevas protestas, que incluyeron el asalto al Ministerio de Economía por parte de sindicalistas y de una agrupación de izquierdas que criticaba la corrupción y la mala gestión económica de la clase política. El principal sindicato de funcionarios anunció que se sumará a la huelga general convocada por su organización hermana en el sector privado, convocada para el 15 de junio.

Es precisamente en el sector público donde el Gobierno se ha comprometido a recortar más, con 'una significativa reducción del tamaño del número de empleos' que incluirá la 'reestructuración o cierre de entidades públicas y la racionalización de las prestaciones'. Además, el Gobierno 'reducirá las exenciones fiscales, subirá los impuestos de la propiedad y se esforzará más contra el fraude fiscal', según el comunicado de las instituciones internacionales.

Una agencia 'profesional e independiente' del Estado se encargará de reunir los 50.000 millones en privatizaciones, concediendo así a los Países Bajos una de sus principales reivindicaciones. Considerada en el pasado como una provocación en Atenas, la agencia deberá demostrar que no está al dictado del Gobierno, del que La Haya y otras capitales europeas no se fían a la hora de desmantelar la estructura económica dependiente del sector público.

Según se desprende de los deberes dictados por la UE y el FMI, esta sociedad no recaudará finalmente los impuestos del país, un extremo considerado inaceptable por Papandreu. El último de los capítulos del documento compromete al Gobierno a una mayor liberalización económica en el sector del transporte y la energía, 'eliminando barreras al establecimiento de negocios' que probablemente vendrán de fuera.