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Bruselas investiga los acuerdos de Ryanair con los aeropuertos de Girona y Reus

La Comisión considera que los dos aeródromos podrían beneficiarse de los acuerdos con las autoridades públicas para "aliviar la carga" de "costes que de otro modo deberían soportar normalmente"

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Los reguladores de las ayudas estatales en la Comisión Europea están investigando si los acuerdos alcanzados entre las autoridades españolas y la aerolínea de bajo coste Ryanair vulnera las normas de la UE. La investigación de la Comisión es el último caso sobre las supuestas ayudas estatales concedidas por gobiernos europeos que buscan atraer aerolíneas a aeropuertos regionales.

La autoridad de la competencia de Bruselas dijo que examinaría los acuerdos de marketing de Ryanair y otras aerolíneas que vuelan al aeropuerto Girona-Costa Brava y al aeropuerto de Reus, tras una queja de un competidor el año pasado. 'Basándose en la información a su disposición, la Comisión no puede excluir que los acuerdos de marketing den a las aerolíneas y/o los aeropuertos implicados una ventaja indebida vis-a-vis con sus competidores, y por lo tanto son incompatibles con el mercado interno', dijo la Comisión.

La situación fue denunciada ante Bruselas en mayo de 2012 por parte de una compañía aérea que opera en Barcelona-El Prat y que consideraba que las condiciones obtenidas por Ryanair en los otros dos aeródromos suponían una 'ayuda estatal ilegal' para la empresa irlandesa, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado. A raíz de esa denuncia, la Comisión Europea investiga a todas las empresas que han firmado acuerdos similares con los poderes públicos en Girona y Reus y también a los propios aeropuertos, al considerar que se 'podrían beneficiar indirectamente' de esos arreglos para reducir sus costes.

La investigación 'no se centra en una sola compañía aérea', afirmó el portavoz comunitario de Competencia, Antoine Colombani. La Comisión considera que los dos aeródromos, gestionados al igual que el de Barcelona por Aena, podrían beneficiarse de los acuerdos con las autoridades públicas para 'aliviar la carga' de 'costes que de otro modo deberían soportar normalmente para el desarrollo de sus actividades'. La apertura del procedimiento ofrece a terceras partes la oportunidad de presentar observaciones sobre las medidas en cuestión, pero no presupone el resultado de la investigación, recordó la CE.

El Ejecutivo europeo tiene abiertos varios expedientes sobre posibles ayudas públicas ilegales en aeropuertos de los Veintiocho. Según recordó hoy, se considera que la intervención pública no es ilegal cuando se lleva a cabo en términos que podría asumir un inversor privado que operara en condiciones de mercado, pero sí vulnera las normas europeas cuando la ayuda confiere una ventaja económica al beneficiario frente a sus competidores.

En el sector de la aviación, Bruselas cuenta con unas directrices que establecen que el apoyo operativo de las autoridades puede distorsionar la competencia entre las compañías aéreas y los aeropuertos y, por tanto, en principio es incompatible con el mercado interior. Varias de las investigaciones abiertas en los últimos años por Bruselas corresponden a las posibles ayudas públicas a Ryanair en aeropuertos regionales de distintos países.